Resolver problemas mediante referéndum

Pasó más de un año de la crisis política que vivió el país a raíz de la postergación en varias ocasiones de las elecciones mediante voto popular para nominar magistrados de todas las ramas del Órgano Judicial. Finalmente, a pesar de que tales comicios fracasaron en dos oportunidades anteriores, serán realizadas en diciembre de este año.
Sin embargo, con el pretexto de “gobernar escuchando al pueblo”, el presidente Luis Arce ha decidido llamar a referéndum para resolver asuntos como la reelección presidencial, la subvención a combustibles y la distribución de escaños legislativos, medida que ha sido objeto de críticas y de oposición de sectores sociales. Inicialmente se hizo notar que su forma y contenido son inútiles e inoportunos y, por tanto, no se debería realizar esa consulta popular.
Asimismo, desde la opinión pública se pidió que dicho referéndum no se realice o bien que sea modificado, pues son varias preguntas y carentes de coherencia, por lo que eran inaceptables. También se adujo que llamar a referéndum era una maniobra del oficialismo para evitar que se realicen las elecciones para magistrados, pues inicialmente se había anunciado que éstas serían realizadas junto al referéndum, es decir en agosto del año 2025. Así solo sería favorecida una de las listas de candidatos afines al “socialismo del Siglo XXI”.
No obstante, convocar a referéndum para dilucidar varios asuntos constituye, por otra parte, un grave error, ya que tal consulta popular debía tener un solo objetivo, como dicta la lógica en estos casos. Convocar a referéndum para resolver varios problemas al final nada soluciona y, por el contrario, aumentan los conflictos que ya no soporta el país por falta de un buen gobierno.
Por otra parte, después que el gobierno enviara al Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuatro preguntas para el mencionado referéndum, este organismo las observó porque no tienen claridad, precisión e imparcialidad. Excluido el asunto de la distribución de escaños parlamentarios después del censo de población 2024 y corregidas las deficiencias en las preguntas, éstas fueron enviadas al Tribunal Constitucional Plurinacional, es decir, para que las analicen los “magistrados auto prorrogados”, por lo que aumentan las reprimendas desde varios sectores de la sociedad.
En cuanto al problema de la subvención a los combustibles, es mayoritario el criterio de que implica un gasto enorme que va creciendo, por lo que se torna insostenible. Pero la decisión de suspenderla o no es atribución exclusiva del gobierno de turno, por lo que no debería ser motivo de consulta popular. Y sobre la reelección presidencial, el artículo 169 de la Constitución Política establece que el periodo de mandato es de cinco años, y “pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”. Además, la Corte IDH, declaró que la reelección indefinida no es un “derecho humano”.
Por todo lo señalado y mucho más, no tiene razón de ser el referéndum tal cómo ha sido planteado y sería un gasto insulso o, más propiamente, un derroche de dinero.