Luego de que el presunto testaferro del narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, fuera herido de bala durante un tiroteo en Santa Cruz, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, señaló a un juez y una vocal de la justicia cruceña por permitir su liberación y retiro de escolta policial, pues se suponía que el sujeto estaba detenido preventivamente.
“El Ministerio de Gobierno responsabiliza al juez, Primo Flores y vocales de la sala penal de Santa Cruz, quienes favorecieron al imputado, Erland G. L. con otorgarle su libertad”, señala un comunicado de esta cartera de Estado.
El domingo en horas de la tarde, un grupo de sicarios armados protagonizó una balacera en la localidad de Cotoca, Santa Cruz, en la cual asesinaron a una persona e hirieron con cinco impactos de bala a Erland G. L. alias “El Colla”, señalado por la Policía como el testaferro de Marset, dejándolo en terapia intensiva en una clínica cruceña.
“El Colla” fue imputado y encarcelado con detención preventiva en Palmasola el 5 de agosto de 2023, según Del Castillo. No obstante, el juez de la causa y los vocales de una sala penal de Santa Cruz habrían favorecido al privado de libertad para que sea beneficiado con medidas sustitutivas, incluso sin escolta policial.
“En fecha 05/08/23, se determinó la detención preventiva de Erland (…) No obstante, el juez de la causa, Primo Felipe Flores Rodríguez, y los vocales de las salas penales de Santa Cruz, a través de diferentes resoluciones, fueron favoreciendo al imputado otorgándole detención domiciliaria”, reseña el comunicado.
“Posteriormente, en fecha 20/06/24, la vocal, Gadys Alba, de la Sala Penal Primera negó las apelaciones interpuestas por el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Publico y ratificó la decisión del juez Flores de levantar el escolta policial del imputado”, se añade.
Finalmente, el comunicado relata que, el 30 de julio del presente, Flores procedió a levantar la detención domiciliaria del sujeto, “disponiendo su libertad a pesar de la oposición fundada del Ministerio de Gobierno y Ministerio Público”, aclarando que la cartera de Estado interpuso un recurso de apelación contra la determinación ilegal.