Tras la reciente aprehensión de tres sujetos en posesión de 4.000 litros de combustible y flagrante quema forestal ilegal, el analista, José Luis Bedregal, lamentó que las instituciones del Estado, encargadas de controlar el contrabando de combustible y proteger las reservas naturales, no hayan mostrado preocupación ni capacidad para cumplir sus obligaciones ni ejecutar una política eficaz de prevención.
Según Bedregal, este hecho deja en claro “que no existe un adecuado control en la venta, distribución y destino final del combustible en Bolivia”, pues ni la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) posee control sobre la venta de carburantes, “ni las autoridades encargadas del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras tienen ninguna capacidad o prefieren no cumplir con sus obligaciones”.
El analista comentó a EL DIARIO que una situación similar ocurre con otras actividades ilegales de amplio conocimiento en Bolivia, como la minería ilegal o el narcotráfico, ilícitos que no son regulados adecuadamente por “ineficiencia y corrupción” dentro de las instituciones.
El fin de semana se reportó la aprehensión de tres sujetos en flagrante quema ilegal de predios forestales en La Chonta, municipio cruceño de Guarayos, en posesión de más de 4.000 litros de gasolina en 17 turriles, combustible subvencionado por el Estado.
Resulta preocupante que personas dedicadas a estas actividades puedan acceder a enormes cantidades de combustible de manera irrestricta y libre, mientras cada día se ven filas kilométricas de vehículos públicos y privados que buscan abastecerse de gasolina y diésel.
Por otro lado, la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) anunció que esta semana presentará el Reglamento del Decreto Supremo 5203, el cual endurece las sanciones económicas a personas que incurran en delitos de quema ilegal de reservas forestales.
El DS, consistente en la modificación parcial del artículo 43 del Reglamento General de la Ley Forestal, establece como nueva multa un monto de entre 190 y 976 UFV (Unidades de Fomento a la Vivienda) por hectárea, según la gravedad de la contravención.
Bedregal criticó la medida sosteniendo que “el Gobierno no le interesa y nunca le interesó el medio ambiente”, Advirtió que el problema no es la cantidad de las sanciones, sino que el Gobierno logre su cumplimiento y ejerza una política efectivade prevención.
“Pueden subir a un millón (las multas), el problema es que las sanciones no se cumplen y el Gobierno no tiene una política preventiva, porque no le interesa y nunca le interesó el medio ambiente. El discurso sobre la Pachamama era eso, sólo un discurso”, criticó.