Los resultados presentados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el Censo Nacional de Población Vivienda 2024 generaron desconfianza en varias regiones del país. En ese marco, las determinaciones de las asambleas de La Paz y Santa Cruz, al margen del estado de emergencia, van desde exigencias de una auditoría técnica internacional y un paro de 24 horas.
La Asamblea de la Paceñidad se declaró ayer en estado de emergencia en rechazo a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024 del municipio y exigió una auditoría técnica internacional a todo el proceso.
En la resolución aprobada se cuestionó los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la cantidad poblacional en el municipio, ya que tiene «serias contradicciones que no pueden ser, de manera alguna, técnicamente sustentadas».
La Alcaldía de La Paz convocó al encuentro donde diferentes instituciones, organizaciones y juntas vecinales asistieron para rechazar los datos difundidos. En los diferentes pronunciamientos pidieron movilizaciones, pero no fueron aprobadas en documento final.
«Todas las instituciones y organizaciones sociales que conforman la Asamblea de la Paceñidad se declaran en estado de emergencia, solicitando la realización de una auditoría técnica internacional a todo el proceso censal con la participación de estas instituciones y organizaciones, así como del propio Gobierno Autónomo Municipal de La Paz», señala uno de los puntos aprobados.
Tampoco se permitirá «bajo ningún concepto» recortes al presupuesto asignado al municipio como efecto de la realización del Censo de Población y Vivienda «con resultados equívocos, dudosos, contradictorios y que no pueden ser técnicamente sostenidos».
Se exigió además al Gobierno y al INE publicar los resultados obtenidos del proceso de Actualización Cartográfica Estadística que estimó la cantidad de población en el municipio y la encuesta post censal de cobertura que obtuvo información de la cobertura y «omisión censal».
En el anterior Censo de 2012, el municipio de La Paz tenía 766.468 habitantes, pero ahora la cifra bajó a 755.732, es decir, una reducción de 1,4%.
Otra de las determinaciones de la Asamblea de la Paceñidad es que los datos del Censo no pueden entrar en vigencia para la distribución de recursos económicos y de representantes parlamentarios hasta que no se revisen los datos y se publiquen estos de forma definitiva y oficial.
PARO EN SANTA CRUZ
El departamento de Santa Cruz irá al paro departamental de 24 horas el viernes 6 de septiembre en rechazo a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, de acuerdo a una de las determinaciones asumidas por la Asamblea Extraordinaria de la Cruceñidad, convocada por el Comité pro Santa Cruz.
En el documento leído por el presidente del ente cívico, Fernando Larach, se rechazó los resultados del Censo, difundido por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y se denunció que hubo un «fraude» que afectó a cientos de miles de habitantes en la región y el país.
«Como medida de protesta, ante el fraude Censal del INE y promovido por el Gobierno central, se declara paro cívico departamental de 24 horas, el mismo que se hará efectivo a partir de las 00.00 de este viernes 6 de septiembre», señala la medida asumida.
Otra de las acciones asumidas es la conformación de una comisión técnica integrada por la Gobernación, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y el Comité Pro Santa Cruz para continuar con los trabajos técnicos, encuestas o conteos «que sean necesarios» para documentar y corroborar la «irregular y dolorosa ejecución del Censo».
Con esa información, según la resolución, se busca gestionar la apertura de un proceso penal y, si corresponde, un juicio de responsabilidades contra «quienes resulten implicados en semejante estafa».
También se exigió a los miembros de la Brigada Parlamentaria Cruceña la elaboración y trámite, en las instancias que correspondan, de una ley que viabilice la encuesta intercensal correctiva para que en la próxima legislatura se tengan indicadores demográficos «confiables y actualizados» para su aplicación inmediata en la asignación de recursos económicos a las entidades territoriales autónomas.
Se pidió además a los legisladores nacionales cruceños extremar las gestiones para lograr la abrogación y derogación de las leyes «incendiarias», mientras que al Ejecutivo nacional, se demandó la abrogación de los decretos supremos que hacen parte de las «normas incendiarias».
Otro de los puntos aprobados fue construir e impulsar en todo el país la concertación de un proyecto de pacto fiscal que, junto al resto de los departamentos y municipios de Bolivia, para generar una nueva estructura de distribución porcentual de recursos públicos que «acapara el centralismo en perjuicio de los departamentos, municipios y universidades».
De cara a las próximas elecciones generales de 2025, se reiteró la exhortación a los partidos políticos a conformar una alianza nacional para derrotar al Movimiento Al Socialismo (MAS).
(El Diario/Erbol)
