Ante la insostenible situación medioambiental por los incendios forestales en territorio nacional, se suman los sectores y autoridades que exigen al Gobierno acciones inmediatas para combatir el fuego y declarar desastre nacional, entre ellos el presidente del Senado, bancadas de oposición, académicos y grupos ecologistas. Asimismo, lamentan que, entre más de 335 procesos iniciados por la ABT, solo hay cuatro aprehendidos y las sanciones económicas no se hacen cumplir.
Según datos de la ABT, de un total de 335 casos a la fecha existen 61 procesos penales por quemas ilegales e incendios: 30 contra presuntos autores y 31 contra personas plenamente identificadas; por otra parte, se iniciaron 274 procesos administrativos, de los cuales 161 están en el departamento de Santa Cruz, 41 en Beni y 72 en el resto del país.
Varias brigadas de control continúan desplegadas en zonas críticas de estos incendios, a fin de “identificar a los responsables de quemas ilegales e incendios para sancionarlos según corresponda”, señala una nota de la entidad estatal.
La ABT informó que apenas existen cuatro personas encarceladas con detención preventiva en el penal de Palmasola, las cuales fueron encontradas en flagrancia y en posesión de magnas cantidades de combustible, equivalentes a más de 4.000 litros de gasolina. No se reportó la ejecución de otras sanciones ni otras personas detenidas por estos delitos.
Por otro lado, la senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena, sospecha que los incendios forestales fueron deliberadamente atendidos a destiempo por el Gobierno para favorecer a la ampliación de la frontera agropecuaria, lo que, por desgracia, tiene un costo irreparable y devastador para la biodiversidad y la salud pública.
En contacto con EL DIARIO, Requena comentó que ha “llegado a la conclusión, después de casi tres meses de incendios no detenidos a tiempo, de que esto es deliberado: probablemente buena parte tiene que ver con una ampliación de la frontera agropecuaria”, señaló.