La crisis ambiental en Bolivia ha alcanzado un punto crítico. Los incendios forestales que asolan el país cada año, además de agravar la crisis económica, están dejando una huella indeleble en su ecosistema y en la vida de sus ciudadanos. Densas humaredas han contaminado el aire, afectando gravemente la salud pública y los ecosistemas. Aunque el cambio climático ha contribuido a este fenómeno, las políticas gubernamentales han jugado un papel crucial en su agravamiento.
Desde hace más de una década, coincidiendo con el fin del auge económico impulsado por los altos precios del gas y otros commodities, el Gobierno boliviano ha promovido la expansión agrícola a través de un conjunto de normas que han facilitado la deforestación y fomentado prácticas agrícolas sin el debido control ambiental. Esta tendencia comenzó con la Ley 337, promulgada en 2013, que legalizó los desmontes no autorizados realizados entre 1996 y 2011 para la producción de alimentos. Aunque se presentó como una medida temporal, la Ley 337 ha sido modificada repetidamente mediante normativas como las leyes 502, 739 y 952, extendiendo su vigencia y permitiendo que quienes realizaron desmontes ilegales regularicen su situación. Pero sus defensores argumentan que estas normativas fomentan la producción agrícola y mejoran la seguridad alimentaria, en la práctica han facilitado la continuación de actividades de deforestación sin el control ambiental necesario, poniendo en peligro los recursos forestales del país.
Asimismo, la Ley 741, promulgada en 2015, se destaca como una de las más controvertidas dentro de este marco normativo. Esta ley autorizó el desmonte de hasta 20 hectáreas por propietario para transformar áreas boscosas en tierras agrícolas, sin proporcionar las protecciones necesarias para mitigar el impacto ambiental. Junto con leyes como la 740, que facilita la verificación de la función social de las tierras agrícolas, y la 1.098, orientada a la producción de biodiesel, se ha promovido la expansión de la frontera agropecuaria en detrimento de los bosques y los ecosistemas.
A pesar de que la Ley 1.171 de 2019 introdujo sanciones para la quema ilegal, incluyó un período de gracia que permitió a quienes incurrieron en estas prácticas regularizar su situación. Aunque la ley intentaba abordar la quema no autorizada, su aplicación ha sido limitada, especialmente considerando la vasta extensión del territorio boliviano y la rápida propagación de incendios forestales.
Además, varios decretos supremos, como el 3.874 y el 3.973, han acelerado la deforestación al promover la producción de biodiesel y autorizar desmontes con fines agropecuarios en departamentos como Beni y Santa Cruz. Este paquete normativo ha creado un marco legal que facilita la expansión agrícola a costa de los ecosistemas forestales, promoviendo incentivos para la deforestación y los incendios en lugar de implementar medidas efectivas de control y protección ambiental.
El impacto de estas políticas no se limita al medio ambiente. Las comunidades rurales, que dependen de la agricultura y los recursos naturales para su subsistencia, se enfrentan a crecientes dificultades debido a los cambios en el clima local y la pérdida de biodiversidad. La alteración de los patrones de lluvias causada por la deforestación agrava las dificultades para los agricultores que dependen de ciclos estables para sembrar y cosechar, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria y sus medios de subsistencia.
La salud pública también se ve comprometida. La exposición prolongada al humo y las partículas en el aire derivadas de los incendios incrementa los casos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, afectando especialmente a los sectores más vulnerables de la población: los niños, los ancianos y las personas con enfermedades crónicas. Este costo humano es incalculable y demuestra que las políticas que fomentan la deforestación no solo dañan el medio ambiente, sino también el bienestar de la población. Es evidente que la búsqueda de crecimiento económico en Bolivia ha estado en detrimento de su valiosa biodiversidad. Aunque la expansión agrícola es fundamental para el desarrollo, es crucial que el gobierno replantee sus políticas ambientales. El equilibrio entre el desarrollo y la sostenibilidad debe ser la meta. Ejemplos de países que han adoptado prácticas de agricultura sostenible demuestran que es posible conciliar la productividad agrícola con la conservación ambiental. Implementar incentivos para la reforestación, promover prácticas agrícolas sostenibles y fortalecer los controles sobre la quema y el desmonte podrían ser pasos clave para revertir esta tendencia.
El Gobierno boliviano debe tomar medidas urgentes para frenar la deforestación y establecer políticas más estrictas de protección forestal. Las leyes deben promover la sostenibilidad y proteger los recursos naturales, sin comprometer el futuro de las próximas generaciones. Solo así Bolivia podrá preservar su riqueza natural.
El autor es Economista con Ph.D. en Ciencia Política y Relaciones Internacionales.