Elección de nuevo fiscal general es atribución exclusiva de la ALP

Ante las declaraciones emitidas por el ministro de Justicia, Iván Lima, menospreciando las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la designación del fiscal general del Estado, Mujeres por la Democracia-Bolivia rechazaron las intenciones del Gobierno para designar esta autoridad mediante Decreto Supremo.
A través de un pronunciamiento, la agrupación Mujeres Unidas por la Democracia rechazó las intenciones del Gobierno central para designar un nuevo titular del Ministerio Público mediante DS, señalando que, se busca hacer de esta autoridad, nuevamente, un apéndice del Ejecutivo.
“La Asamblea Legislativa Plurinacional, de manera reiterada, fue atacada por una serie de acciones ilegales e inconstitucionales de permanente violación a la independencia del Órgano Legislativo desde el Ejecutivo, con el objetivo de paralizar sus facultades de dictar, interpretar, derogar, abrogar y modificar leyes para todo el país y, fundamentalmente, interpelar, controlar y fiscalizar”, señala un pronunciamiento.
Afirmando que las declaraciones del ministro Lima se constituyen en una clara injerencia y el anuncio implícito de una nueva violación a la Constitución, Mujeres por la Democracia demandaron al Ejecutivo dejar de interferir en el trabajo del Órgano Legislativo.
“Instamos a los parlamentarios a coordinar para garantizar ante la ciudadanía un proceso de selección y designación de un nuevo Fiscal General con total transparencia, y que sea el candidato idóneo, con los mayores méritos profesionales, éticos y morales quien vaya a ocupar tan alta responsabilidad. La apreciación interesada por parte del ministro Lima sólo devela su intención de implantar en Bolivia una dictadura como la venezolana, donde todo se controla por la fuerza y no por la razón, mucho menos por las leyes”, se agrega.
La nota firmada por la senadora Centa Rek, las diputadas Haidy Muñoz, Roxana Álvarez, María René Álvarez, Khaline Moreno, Luciana Campero, Samantha Nogales, Luisa Nayar, las exministras Karen Longaric, Roxana Lizárraga, además de las activistas Marita Patiño, Carolina Ribera y Alejandra Serrate, exigen que la Fiscalía General del Estado no se vuelva a constituir en un apéndice del Ejecutivo, deshonrada por la corrupción, la negligencia y el sometimiento político.
“Demandamos al Ejecutivo, especialmente al ministro Lima, no interferir y mucho menos entrometerse mediante chicanas jurídicas e insidias promocionales, como ha sucedido con el proceso de preselección judicial, en las atribuciones y tareas del Legislativo, para garantizar un trabajo idóneo y transparente”, finaliza la nota.