Tardía reacción ante desastre ambiental

Un dicho popular señala que “no hay peor ciego que el que no quiere ver”. Tales palabras se aplican a la actitud del gobierno de turno ante los incendios forestales que, desde hace tres meses, aproximadamente, han arrasado más de cuatro millones de hectáreas de bosques y pastizales, particularmente en el oriente del país. Y es que cuando comenzaban los incendios por parte de gente sin escrúpulos, con intenciones de habilitar tierras para cultivos, hasta de coca ilegal, traficar con lotes, entrar a parques nacionales para extraer recursos naturales, con apoyo de capitales externos, etc., diversos sectores sociales, principalmente ambientalistas, pidieron que las autoridades nacionales adopten medidas de prevención y otras de nivel estructural para evitar la depredación salvaje de reservas naturales.
Pero solo cuando las llamas devoraron flora y fauna, en este último caso, millones de animales horriblemente quemados vivos, y la contaminación atmosférica agobia a poblaciones nativas, el gobierno hizo la Declaratoria de emergencia nacional, la cual resulta tardía, cuando el desastre ambiental está consumado. Tal demora se debe a que el gobierno está acostumbrado a minimizar problemas y a esperar que se agraven para con desgano atender parcialmente los reclamos de la ciudadanía.
Ahora se anuncia la llegada de ayuda internacional, pero ante la gravedad de los incendios forestales seguramente no será suficiente, porque no se observa una movilización de magnitud, inicialmente con la llegada de autoridades nacionales a todos los lugares del desastre. Según un reciente informe de la Fundación Tierra, los departamentos más afectados por los incendios son: Santa Cruz con 2.6 millones de hectáreas, Beni con 1.3 millones de hectáreas y La Paz con 18.990 hectáreas.
Son numerosos los pueblos afectados, como Ascensión de Guarayos, cuyos habitantes hace poco organizaron un cabildo, en el cual protestaron por los incendios forestales y exigieron ayuda estatal. Finalmente difundieron una resolución para exigir al gobierno la declaratoria de desastre departamental y nacional a fin de recibir ayuda real e inmediata; recursos para reforestar las áreas quemadas; apoyo a productores agrícolas y ganaderos afectados por los incendios; que el Gobierno Municipal gestione la ayuda; que se investigue y procese a los avasalladores y traficantes de tierras, pues en las áreas donde están asentados, comenzaron los incendios.
En consecuencia, resultan demagógicas las frases del masismo en sentido de que se respeta a la madre naturaleza, de que se trata de “vivir bien” y otras, carentes de sentido ante la realidad. Solo queda esperar que un nuevo gobierno, patriota, anule las llamadas “leyes incendiarias”, que promueven los desmontes y chaqueos sin control. Se necesita lograr desarrollo económico nacional sin aferrarse al nefasto extractivismo que implica depredar valiosos recursos naturales.