A pesar de que más de 4 millones de hectáreas de bosques y pastizales han sido consumidas por el fuego en Bolivia, incluyendo áreas protegidas de vital importancia, la reacción del Gobierno ha sido tardía e insuficiente y recién ayer emitió la declaratoria de pausa ambiental permanente en todo el país.
A medida que los incendios se extendían sin control, afectando no solo el medio ambiente, sino también la salud de las poblaciones cercanas, la respuesta estatal no logró estar a la altura de la magnitud del desastre ecológico. La humareda se expandió a varios departamentos, dejando en evidencia la falta de planificación efectiva y medidas preventivas.
El Gobierno, bajo presión por la catástrofe ambiental que se agudiza, anunció la promulgación de un decreto supremo que declara una pausa ambiental en el país.
Sin embargo, la iniciativa llega cuando el daño ya es irreversible en muchas zonas, con miles de hectáreas de flora y fauna perdidas.
La “pausa ambiental” se implementa tras meses de incendios, cuando las medidas deberían haber sido preventivas desde un principio, especialmente en áreas protegidas que, por ley, deberían haber contado con una defensa más estricta y un monitoreo constante.
«La pausa ambiental es indefinida hasta que se realicen trabajos de repoblamiento y se evalúe el financiamiento para restaurar las condiciones ambientales», declaró el ministro de Medio Ambiente Alan Lisperguer, pero esta acción no logra disimular el hecho de que, mientras las llamas avanzaban, el Gobierno hizo poco, a través de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), facilitando indirectamente la expansión del desastre. El Decreto Supremo 5225, que suspende estas autorizaciones y prohíbe emitir nuevas, parece más un intento de control de daños que una verdadera política de protección ambiental.
A pesar de la gravedad de la situación, no hay garantías que la restauración de las tierras afectadas se lleve a cabo de manera efectiva. Según el Artículo 4 del decreto, las tierras fiscales afectadas por incendios serán consideradas no disponibles durante un mínimo de cinco años, pero no queda claro si este plazo será suficiente para la recuperación de ecosistemas severamente dañados.
ENDURECIMIENTO DE PENAS
Por su parte, el Gobierno ha presentado un proyecto de ley que endurece las penas para quienes provocan incendios, proponiendo castigos de entre cinco y ocho años de cárcel. Sin embargo, esta medida parece más simbólica que efectiva, considerando que la supervisión y control para prevenir estos desastres han sido inadecuados. Las sanciones, si bien necesarias, no revertirán el daño ya hecho ni frenarán futuros incendios si no se aplican mecanismos de vigilancia y control rigurosos.
Las autoridades han sido claras en que las personas que promuevan, ordenen o se beneficien de incendios forestales también enfrentarán penas de prisión. No obstante, el sistema judicial y de control gubernamental ha demostrado, en varias ocasiones, ser ineficiente y permisivo con la deforestación y los incendios provocados, lo que genera dudas sobre la verdadera implementación de estas sanciones.
TRASLADO DEL GABINETE
El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, anunció el traslado de su gabinete a Santa Cruz, el departamento más afectado por los incendios, para comandar las operaciones contra el fuego. Aunque la medida parece drástica y oportuna, es difícil no interpretarla como un intento de maquillar la inacción previa del Gobierno. Se habla de la llegada de un avión cisterna; pero esta acción debería haberse implementado mucho antes de que el fuego consumiera millones de hectáreas.
El daño causado a los ecosistemas no es solo una tragedia natural, sino un reflejo de la incapacidad gubernamental para priorizar la protección ambiental. Las normativas que ahora se implementan llegan tarde y aunque se enfatiza que aún quedan meses críticos de riesgo por incendios, las soluciones estructurales para prevenir y mitigar estos desastres brillan por su ausencia.
El Gobierno tiene una responsabilidad clara en esta crisis y su reacción tardía ha dejado en evidencia que las prioridades ambientales no están en el centro de su agenda. El costo de esta inacción lo pagarán las futuras generaciones, con la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo y el deterioro irreversible de áreas protegidas que alguna vez fueron el pulmón verde del país.
RESPONSABLES
Para el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, la responsabilidad de los incendios forestales que azotan al eje oriental del país recae en el máximo dirigente del masismo y el presidente del Estado, Evo Morales y Luis Arce Catacora, respectivamente, a quienes apuntó por enfocarse en los conflictos internos del partido azul en lugar del desastre ocasionado por el fuego.
“Mientras Santa Cruz arde, los responsables de los incendios que son Evo y Arce, se dedican a sus peleas políticas internas. Como si nada. Son tan indiferentes con el fuego y el humo como lo fueron con la crisis económica”, sostuvo la autoridad cruceña desde su reclusión preventiva en Chonchocoro.
Desde el punto de vista de Camacho el masismo entregó tierras de Santa Cruz, del Beni y de otros departamentos “a sus militantes y amigos”, “a los llamados interculturales, a quienes también apuntó de quemar tierras para después traficarla porque “una vez quemada y desmontada, la tierra se puede sembrar y vale más dinero”.
“Para eso Evo y Arce inventaron los interculturales y después, durante años, hicieron unas leyes que permiten estas quemas”, sostuvo el gobernador al remarcar que el país está viviendo uno de los desastres ambientales y de salud más grandes de la historia de Bolivia y en particular de Santa Cruz.
Son más de 4 millones de hectáreas quemadas en el departamento cruceño, de acuerdo a la información que maneja la Gobernación cruceña, situación que también trae consigo un daño incalculable en los animales y las personas sufriendo por alergias, por afecciones cardíacas y pulmonares debido al humo.
En este sentido, Camacho lanzó cinco propuestas a Luis Arce para abordar la situación de manera urgente.
Inicialmente trasládese a San José de Chiquitos e instálese ahí con un gabinete de emergencia. O sea, vaya al terreno y vaya al lado de la gente, fue el primero de los pedidos de la autoridad.
Además de un nuevo pedido de ayuda internacional es otro de los planteamientos. “Deje la soberbia masista y pida ayuda”, enfatizó.
A esto se suma la anulación de las denominadas “leyes incendiarias” de manera inmediata, introducir el entrenamiento de tropas militares en tareas de lucha contra el fuego e impulsar un programa de salud gratuito y masivo para atender a los bolivianos con emergencias y enfermedades relacionadas con el humo. (La Paz, Santa Cruz, EL DIARIO y agencias)