La Justicia admitió ayer la Acción Popular presentada por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en contra de tres ministros, tres gobernadores y doce alcaldes por la irresponsabilidad de no haber tomado medidas tempranas de prevención de incendios forestales; las autoridades fueron notificadas para una audiencia programada para la próxima semana.
El abogado defensorial de La Paz, Francisco Rodríguez, confirmó esta decisión tras advertir que se emitieron las notificaciones correspondientes.
“(Las autoridades citadas) tenían la obligación de trabajar en medidas de prevención tal como lo establece la normativa. Hicimos seguimiento a la acción presentada y ya se emitieron las notificaciones. Entendemos que para la próxima semana estarán notificadas las autoridades demandadas, y posteriormente la autoridad señalará la audiencia correspondiente”, declaró la autoridad de la Defensoría del Pueblo de Bolivia (DPB) a Radio Éxito.
Este recurso activado por la DPB, procura que la Justicia obligue a las 18 autoridades demandadas a cumplir con sus futuras responsabilidades y tomen acciones para evitar mayores daños a la vida silvestre y la salud de la población, de acuerdo con el portal Brújula Digital.
En palabras del jurista: “se busca que las entidades encargadas de la protección medioambiental y la Madre Tierra, así como de la biodiversidad, asuman sus responsabilidades. No queremos que el próximo año estemos enfrentando lo mismo, necesitamos trabajar en medidas de prevención”.
La Acción expone algunos datos sobre los incendios forestales desde 2019, los cuales demuestran que hubo un incremento en los focos de calor a lo largo de los años, como flagrante evidencia de una “falta de prevención y falta de reacción efectiva” ante la crisis actual, considerando que más de 3,8 millones de hectáreas quedaron reducidas a cenizas en la presente gestión.
SON 18 AUTORIDADES
Las autoridades involucradas en la Acción Popular son los ministros de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer Rosales; de Salud, María Renée Castro Cusicanqui; y de Economía, Marcelo Montenegro; así como los gobernadores de Santa Cruz, Mario Aguilera Cirbián; de Beni, José Alejandro Unzueta Shiriqui; y de Pando, Regis Germán Richter Alencar.
También están anexadas al recurso los burgomaestres de 12 municipios del oriente bolivianos: San Matías, San Ignacio de Velasco, San Rafael, San José de Chiquitos, Concepción, San Antonio de Lomerío, San Ramón, Puerto Suárez, Roboré, San Miguel, Ascensión de Guarayos, y Puerto Quijarro.