Mujeres por la Democracia exigen auditoría ambiental

La agrupación de legisladoras y activistas ambientales, Mujeres por la Democracia, exigió una auditoría ambiental y la abrogación de la Ley 741, a la que llamaron “la madre de los incendios y el desastre ambiental nacional” que flagela a las regiones chiquitanas y amazónicas del país.
“Exigimos la abrogación de la Ley 741, la verdadera madre de los incendios y del desastre ambiental que sufren la Chiquitania, la Amazonía y Bolivia entera (…). El Gobierno nacional debe declarar desastre nacional e instruir una auditoría ambiental”, se lee en un comunicado del grupo de mujeres activistas.
Consideran que cualquier nueva legislación relacionada a la producción de alimentos, uso y tenencia de la tierra o protección de culturas ancestrales, las cuales serán heredadas a las nuevas generaciones bolivianas, deben realizarse en consenso con todos sus actores.
En el encabezado de su pronunciamiento, condenan el fracaso del modelo económico del Movimiento al Socialismo (MAS), el cual se evidencia desde el plano económico hasta el medioambiental.
“El modelo económico social productivo y comunitario (Mescp) implementado por el régimen del MAS no solo ha fracasado en su política económica y fiscal, también lo ha hecho ambientalmente”, puede leerse en el documento difundido el sábado 14 de septiembre en la cuenta de X de la expresidenta interina, Jeanine Añez.
La agrupación activista señala que la ampliación de la frontera agrícola fue un “recurso discursivo” del masismo para, en realidad, ampliar el cultivo de coca y propugnar los avasallamientos.
Asimismo, denunciaron una serie de acciones supuestamente “intencionales y planificadas” por el Gobierno, con el único fin de aprobar leyes en favor de la toma de tierras comunitarias y áreas protegidas.
Entre ellas, mencionan el traslado de personas “sin conocimiento” a tierras bajas, la dotación de tierras fiscales con fines colonizadores, la devastación de más de cuatro millones de hectáreas de bosques pródigos de biodiversidad bajo la “mirada condescendiente” del Gobierno y discursos “mentirosos y perversos” de autoridades orientados a penalizar con cárcel a comunarios productores, a fin de señalarlos como responsables del desastre ambiental.