En medio de la polémica por la abrogación de leyes incendiarias, activistas y analistas observan que no existe un consenso ni la voluntad política en el Gobierno, desde el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para abrogar esta legislación que atenta contra la biodiversidad y la salud pública, en vista de que numerosos representantes parlamentarios y autoridades responden a intereses de sectores afines a la depredación de los recursos naturales.
En entrevista con EL DIARIO, la senadora de oposición, Andrea Barrientos, de Comunidad Ciudadana (CC), reveló que ni siquiera cuenta con el apoyo total de su bancada para aprobar el Proyecto de Ley Integral 003, iniciativa propuesta por legisladores de inclinación ecologista de la alianza política, la cual busca abolir el paquete de leyes incendiarias y apuntar a un modelo económico productivo sostenible, compatible con el medio ambiente.
“Ni siquiera tenemos apoyo total de la bancada. Hay senadores (de CC) que responden al sector ganadero y no están dispuestos a aprobar (el Proyecto de Ley) y están amenazados por sus sectores para no aprobar”, manifestó Barrientos.
La senadora oriunda de Cochabamba considera que le urge al Gobierno “darle señales de consenso” a la población para mostrar que el desastre medioambiental se puede manejar.
En palabras de Barrientos: “nuestra prioridad tiene que girar en torno a la abrogación del paquete incendiario y darle señales de consenso al país para mostrar que podemos transformar la manera en la que se está tratando el medio ambiente en Bolivia”.
El activista y vocero del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, ya advertía esta falta de voluntad política en ambos poderes del Estado, considerando que hay intereses ocultos que defienden al sector agrícola y los avasallamientos de tierra por sectores afines al Gobierno.
“Desde la Asamblea Legislativa y el Gobierno no existe voluntad para eliminarlas (…). Detrás (de ellos) hay intereses empresariales, de interculturales y otros, interesados en seguir quemando para ampliar la frontera agrícola en el país y de esta forma quedarse con las tierras fiscales quemadas para meter ganado y maquinaria para la siembra de soya”, manifestó a este medio periodístico.
En tanto, la expresidenta interina, Jeanine Añez, afirmó contundentemente que al “régimen masista” no le interesa en lo más mínimo el respeto por las reservas naturales ni por los pueblos indígenas. “Han permitido la expansión de los incendios igual que la expansión de la minería ilegal: contaminan el agua, matan la tierra y envenenan el aire”, señaló en su cuenta de X.
En criterio de Añez, la Madre Tierra se convirtió en una “etiqueta discursiva” del masismo con el único fin de apropiarse de tierras de Beni y Santa Cruz que eran originalmente ocupadas por poblaciones indígenas de tierras bajas.
A propósito de los avasalladores, el analista político, José Luis Bedregal, llamó a los interculturales “colonizadores impulsados por el Movimiento al Socialismo”, acusando a los miembros de este partido de ser los verdaderos aliados del empresariado, “los grandes aliados de los millonarios y de los capitalistas”.
El “paquete de leyes incendiarias” comprende las leyes 337, 502, 739 y 952, aprobadas entre 2013 y 2017; las 740 y 741, promulgadas en 2015; y las leyes 1171 y 1098, aprobadas en 2017 y 2018, respectivamente.
ABROGACIÓN:
¿SOLUCIÓN DEFINITIVA?
La semana pasada, el Gobierno decretó una pausa ambiental en todo el territorio nacional, en el cual dispone que la totalidad de las tierras fiscales sean declaradas no disponibles por un período no menor a cinco años y se suspenden todas las autorizaciones para quemas emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
Sin embargo, las comunidades productivas indígenas de Beni dieron a conocer su posición respecto a la posibilidad de quedarse sin autorización para realizar quemas. Consideran imperioso que el Gobierno les brinde una solución alternativa para continuar su producción, como la dotación de maquinaria para la mecanización de desmontes.
El ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Csutcb) regional Vaca Díez del departamento de Beni, Sabino Álvarez Roca, comunicó que, aunque están de acuerdo en dejar de quemar, a su sector le urge que el Gobierno brinde alternativas pronto, ya que no tienen otra forma de continuar su producción.
“Si se abroga la ley y no se permite que quememos, que nos den por lo menos diez maquinarias para el desmonte, para producir, y estaremos de acuerdo”, pidió Álvarez, adelantando que “si el Gobierno nos responde, nosotros estamos dispuestos y (podemos decir) ‘no quemaremos’, nos ponemos de acuerdo para que no utilicemos el fuego y usemos la mecanización”.
Para Álvarez, el problema con la pausa ambiental es que no fue socializada con sectores campesinos ni se mantuvo una reunión con ellos para viabilizar o buscar alternativas al manejo indiscriminado del fuego.
PROPUESTAS SOSTENIBLES
Asimismo, Barrientos manifestó a EL DIARIO la necesidad de que la población socialice la propuesta presentada por su bancada, para que senadores opositores terminen por aprobarla.
Según la senadora, el Proyecto de Ley 003 plantea no solo la abrogación de leyes actuales, sino un modelo de negocio sostenible respecto al agro y la ganadería, para evitar un vacío jurídico que puede incrementar la cantidad de quemas.
“Abrogamos todo el paquete, planteamos soluciones en multas, desarrollo sostenible y cubrimos todas las posibilidades de generar vacíos legales en cuanto se abrogue la normativa ecocida”, comentó a EL DIARIO, a tiempo de mencionar que “no podemos respirar este aire solo por sectores que quieren ganarse unos pesos”.
En tanto, los presidentes de la Federación Departamental de Asociaciones de Productores Recolectores, Transformadores y Comercializadores de Productos de la Amazonía del Beni (Fedapa-Beni), Francisco Cuadiai, y de la Asociación de Productores Amazónicos de Copoazú, Cristian Noco, compartieron con EL DIARIO algunas medidas de prevención a objeto de contrarrestar los daños ocasionados por los incendios, mostrando su disposición a buscar alternativas a las quemas.
Entre sus propuestas, mencionan implementar un monitoreo climático y sistemas de alerta temprana con datos en tiempo real; prácticas resilientes como la agroforestería, diversificación de cultivos, uso eficiente del agua y regeneración de suelos; desarrollo de seguros agroforestales para pequeños productores y la diversificación de actividades económicas como el ecoturismo.
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