Un total de 130 organizaciones e instituciones de la sociedad civil enviaron una carta pública al presidente Luis Arce Catacora; al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Jaimes, con una lista de 10 exigencias destinadas a frenar la destrucción de la vida, los bosques y la naturaleza en general. La misiva fue entregada este lunes en el Palacio de Gobierno y en las otras instancias destinatarias.
Las demandas están segmentadas por bloques. Así, seis de ellas están dirigidas al presidente Arce, las que van desde convocar a la sociedad civil para debatir un nuevo modelo de desarrollo, hasta declarar desastre nacional para canalizar más ayuda externa, pasando por exigir la reversión de tierras de las propiedades donde se hubieran iniciado incendios ilegales.
OTRAS DEMANDAS AL EJECUTIVO
Al Primer Mandatario también le piden establecer un sistema técnico y transparente de monitoreo de los incendios para su difusión en línea, implementar políticas de reforestación y restauración ecológica y revisar el presupuesto nacional asignado a las instituciones encargadas de proteger los bosques.
LEYES PARA FRENAR LA DEFORESTACIÓN
Al Órgano Legislativo, las instituciones firmantes le piden concluir el proceso de abrogación de las leyes que promueven la deforestación y los incendios, crear una legislación específica para proteger los territorios indígenas y aprobar una ley que prohíba definitivamente el desmonte y las quemas en áreas protegidas y tierras de alto valor ecológico.
ÓRGANO JUDICIAL
Finalmente, al Órgano Judicial, los firmantes le exigen activar todos los mecanismos para impulsar los procesos contra los responsables de los incendios, tanto autores directos como a los autores intelectuales.
«De no asumir estas y otras medidas propuestas por la sociedad civil quedará claro que todas las instancias de poder se han convertido en cómplices de esta destrucción y que, lejos de querer apagar los incendios, pretenden mantenerlos activos para habilitar más y más tierras de cultivo, destinadas a satisfacer el lucro de poderosos sectores corporativos en el país, contradiciendo su retórica de protección de la madre tierra y el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas», indica la carta.
En el marco de los incendios, que han destruido unos cuatro millones de hectáreas, la carta fue promovida por la red Unitas, que agrupa a 22 instituciones a nivel nacional, a la que se fueron sumando otras instituciones aliadas y/o comprometidas con los derechos humanos, el medio ambiente y la vida de nuestro país.
La entrega de la carta estuvo a cargo de la directora ejecutiva de Unitas, Mila Reynolds; el director ejecutivo de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez; y la asesora estratégica de Lidema, Jenny Gruenberger.
VULNERACIÓN DE DERECHOS
Las instituciones que se adhirieron a la misma hacen notar que los incendios están provocando una sistemática vulneración de derechos ciudadanos, entre ellos, el derecho a la vida, a la salud, al acceso al agua. «El derecho al agua es uno de los más afectados por los incendios, agravado por la sequía prolongada y las lluvias que arrastran cenizas a las fuentes de agua. Además, los derechos a la salud, educación, alimentación y trabajo también se ven comprometidos», indica la carta.
Las entidades hacen notar que los diversos tratados internacionales suscritos por Bolivia «subrayan que los derechos ambientales son fundamentales para el ejercicio de otros derechos humanos, como los económicos, sociales y culturales».
Las instituciones firmantes también señalan al Estado como protector de la impunidad de aquellas personas y poderes corporativos que promueven los incendios y citan como una muestra de aquello la decisión de la Procuraduría General del Estado de dejar en suspenso la aplicación de un plan de reversión de tierras de quienes hubieran iniciado los incendios del 2023. (Sumando Voces)