El organismo electoral, que investiga la campaña del presidente de la República, Gustavo Petro, por la presunta violación de topes de gastos en los comicios de 2022, se abstuvo de tomar determinaciones sobre el tema que convocó a los nueve magistrados, debido a una serie de solicitudes que llevaron a tal fin.
De acuerdo con lo que se conoció desde el tribunal, la magistrada Alba Lucía Velásquez, cercana al Pacto Histórico, pidió la rotación del expediente en contra del jefe de Estado, la discusión se aplazará al menos dos semanas. Solo hasta el 30 de septiembre se reanudará la discusión con la que se pretende, por parte de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, formular cargos contra el jefe de Estado.
Ambos magistrados, cercanos al Centro Democrático y al Partido Liberal, respectivamente, soportaron los argumentos según los cuales en la contabilidad presentada por el que ejerció como gerente de la campaña, Ricardo Roa, no se reportaron gastos adicionales por cerca de $5.355 millones, como parte de donaciones hechas por algunas organizaciones, gastos de propaganda y vuelos, entre otros.
Velásquez alegó que estaba incapacitada, por lo que no tuvo la posibilidad de conocer el expediente en contra de la campaña Petro Presidente, pese a que desde mayo de 2024 se conoce gran parte de los motivos por los cuales se quiere llevar a cabo una formulación de cargos; al filtrarse el borrador de la resolución con la que se quiere vincular a Petro, como candidato, y Roa, en su condición de directivo.
DECISIÓN DEL CNE
Adicional a la petición de Velásquez, que según trascendió estaba dentro de los cálculos, con el fin de prolongar una decisión de fondo sobre la campaña, también se estudió la situación del magistrado Altus Baquero, que compareció en la jornada en el CNE y pidió su reintegro, basado en el fallo de la Corte Constitucional, que protegió su derecho a continuar en el cargo. No obstante, el mismo fue en «Dicha decisión, por su carácter protectivo inmediato, en virtud de los artículos 85 y 86 superiores, obliga a garantizar la ejecución sin demora de las órdenes allí impartidas, en consonancia con el rol esencial de la Corte en la salvaguarda de los derechos fundamentales», se leyó en la misiva enviada por Baquero, que también entregó declaraciones a los medios desde la sede del Consejo Nacional Electoral.
En el ámbito legal, Héctor Carvajal, abogado del presidente en este caso, radicó un recurso de nulidad y/o aclaración referente al fallo del 6 de agosto de 2024 del Consejo de Estado: tribunal que avaló tanto al CNE como la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes para investigar, en el primero, y convocar a juicio, en el segundo, al primer mandatario, en caso de hallar méritos.
Sin embargo, este recurso fue desestimado, pese al salvamento de voto de las magistradas Velásquez y Fabiola Márquez, esta última del partido de Gobierno.
«Se negó la solicitud de suspensión fundamentada en la petición de nulidad y/o aclaración presentada por la defensa de la campaña ante el Consejo de Estado en el marco de la decisión que resolvió el conflicto de competencias», se leyó en el comunicado del CNE sobre el particular; además de rechazar la recusación a la totalidad de los magistrados.
La expectativa por este caso la generó, incluso, el propio jefe de Estado, que a través de sus redes sociales y en todas y cada una de las apariciones públicas, se encargó de enfilar baterías contra el órgano electoral: al acusarlo de despojarlo de su fuero como presidente, cuando en su juicio solo debería llevar a cabo funciones de tipo administrativo y no las que competen solo a un juez de la República.
No en vano, el mandatario tildó las pruebas presentadas por Prada y Ortiz en su contra como «chambonas» y cuestionó la legitimidad del CNE para juzgarlo. «Es lo que demuestra cómo va el golpe en Colombia, porque tienen a un presidente juzgado por el Consejo Nacional Electoral, que ni es juez ni penal, mucho menos, sino una entidad administrativa», agregó Petro, en uno de sus ataques.