El plazo para las postulaciones al cargo de Fiscal General del Estado concluyó ayer a las 18:30 horas, con un total de 76 aspirantes registrados; de los cuales 60 son hombres y las restantes 16 son mujeres.
«Como pueden ver, son las 18:30 y concluimos con la recepción de hasta el último postulante a Fiscal General que estaba en la puerta. Ahora cerramos el ciclo de recepción de postulaciones», declaró Álex Blacutt, técnico de la Comisión de Justicia, cuando dio por finalizada la etapa inicial del proceso de selección y cerró la puerta de la comisión de Justicia que por 15 días recibió la documentación de los interesados
El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Roberto Padilla, detalló que de los 76 postulantes, 60 son hombres y 16 mujeres. «Nosotros estamos cerrando esta etapa de recepción de la documentación y nos toca trabajar desde mañana. A las 9:00 comienza la comisión mixta de Justicia Plural, donde vamos a verificar los requisitos comunes y específicos de cada candidato», explicó Padilla.
El proceso de selección contempla una evaluación rigurosa que debe garantizar la paridad de género. «Tenemos que enviar un mínimo de cinco y un máximo de diez postulantes, de los cuales la mitad deben ser mujeres, y consideramos que vamos a cumplir con la paridad de género», agregó Padilla, asegurando que el proceso será transparente y equitativo.
La primera de las candidatas fue, Lizzie Riera Sorich, abogando por una Fiscalía que priorice una visión de justicia con enfoque de género. Riera señaló la importancia de que mujeres lideren la institución y aborden las problemáticas de género desde dentro del sistema judicial.
Ahora, la Comisión de Justicia Plural procederá a la revisión de los documentos y la evaluación de cada uno de los postulantes. Esta fase incluye la verificación de méritos, entrevistas y, finalmente, la selección de los candidatos que serán propuestos para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado en los próximos años.
Se espera que las próximas semanas sean clave, ya que el proceso entrará en su etapa decisiva con el escrutinio público sobre los antecedentes y competencias de los aspirantes, en un esfuerzo por garantizar la transparencia y el cumplimiento de los requisitos establecidos por ley.
DOS FISCALES EN CARRERA
El fiscal departamental de La Paz, William Alave Laura, oficializó su participación en el proceso. Roger Mariaca, fiscal departamental de Santa Cruz también presentó su postulación el martes y ambos buscan convertirse en el próximo titular del Ministerio Público de Bolivia.
William Alave, actual fiscal departamental de La Paz, presentó formalmente su candidatura, sumándose a la lista de aspirantes que competirán por liderar el Ministerio Público. La inscripción de su postulación se realizó ante la Comisión Mixta de Justicia, con lo que ratificó su interés por asumir la máxima responsabilidad dentro del sistema judicial del país.
Por su parte, Roger Mariaca, fiscal departamental de Santa Cruz, también oficializó su candidatura ante la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Mariaca destacó su experiencia de 14 años en el ámbito penal y constitucional, y subrayó su propuesta de modernizar la tecnología del Ministerio Público para mejorar el acceso a la justicia en Bolivia.
OBSERVACIONES
Las postulaciones de operadores de la justicia al cargo de Fiscal General del Estado causaron controversia entre legisladores de la oposición, quienes cuestionan la idoneidad de algunos aspirantes. Entre los nombres que más críticas recibieron están William Alave y Roger Mariaca, fiscales departamentales de La Paz y Santa Cruz, respectivamente.
El senador del MAS, William Torres, expresó fuertes objeciones hacia estos postulantes, especialmente contra Alave. “Alave y Mariaca son altamente cuestionados. Alave es un apéndice de Juan Lanchipa (actual Fiscal General) y responde a ese grupo cuasi delictivo que estuvo operando políticamente y no en el marco de la ley», señaló el legislador.
La lista de postulantes incluye también a magistrados como Olvis Egüez Olivia y Nuria Gisela González Romero, ambos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y a la consejera del Consejo de la Magistratura, Sandra Cinthia Soto Pareja. Estos nombres causaron preocupación en la oposición, que ve en ellos una continuidad de la actual estructura judicial.
Por su parte, Henry Montero, senador de Creemos, también cuestionó la integridad de algunos de los aspirantes. “Es difícil pedir ética y moral a quienes dirigieron una justicia podrida y sometida al masismo, y eso es lo que tenemos», afirmó. Sin embargo, expresó su esperanza de que entre los postulantes haya personas «probas, académicas, intachables y sin ningún vínculo con ningún partido político». (Brújula Digital)