Luego de conocerse la brutal agresión que sufrió una mujer periodista en manos de un grupo de adeptos al dirigente masista Evo Morales, el Gobierno y varios sectores representantes del periodismo expresaron su enérgico rechazo a estas acciones por considerarlas un atentado a la democracia, los derechos constitucionales y una muestra del ambiente machista, hostil e inseguro al que están expuestos los comunicadores.
A través del ministro de Justicia, Iván Lima, quien calificó este hecho como un atropello a la democracia, el Gobierno condenó la violencia del séquito “evista” y pidió a la Fiscalía investigar el hecho para que los responsables sean debidamente sancionados.
“La agresión sufrida por la periodista Irene Torrez, en Vila Vila, es condenable desde todo punto de vista. Quienes la han perpetrado no sólo le han causado daño a ella, a su medio de comunicación o a la prensa en general; con este acto también han atropellado a la democracia”, señaló Lima en su cuenta de X.
Asimismo, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional exhortó al Ministerio Público a que “incorpore una pesquisa específica para establecer responsabilidades en este doloroso suceso”, señalando que emprenderá “las acciones que sean necesarias para que se sancione, en derecho, a quienes resultaren responsables de esta agresión”.
Mediante un comunicado, esta cartera de Estado reiteró que el trabajo periodístico es esencial para la convivencia de la democracia, la libertad de expresión y el acceso a la información.
DENUNCIAN MÁS AGRESIONES
El medio de comunicación estatal, Bolivia TV, también denunció ayer más abusos y agresiones hacia un grupo de trabajadores suyos, mientras realizaban la cobertura a la marcha convocada por Morales en la localidad de Patacamaya, ayer en horas de la tarde.
El canal del Estado condenó que sus periodistas hayan sido retenidos ilegalmente por manifestantes “evistas” por más de una hora, además de sufrir el robo de su equipo de trabajo.
“Denunciamos ante la opinión pública y la comunidad internacional que compañeros periodistas de BTV fueron víctimas de retención ilegal por más de una hora y han sufrido el robo de los equipos con los que se realizaba el trabajo de informar a la ciudadanía”, se lee en un comunicado del medio estatal.
La empresa estatal también condenó los actos por ser una vulneración de derechos humanos establecidos a nivel mundial y anunciaron acciones legales por la gravedad de los hechos.
“Repudiamos estos actos que vulneran tratados internacionales de Derechos Humanos (…). Asimismo, anunciamos la presentación de acciones legales, a cuyo efecto instamos al Ministerio Público a actuar con la celeridad que el presente caso amerita, en virtud a la gravedad de los hechos”.
GREMIOS PERIODÍSTICOS
Por su lado, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz, manifestaron su más enérgico rechazo por las agresiones cometidas en contra de Torrez, calificando el ataque como “un claro atentado contra los derechos y garantías constitucionales establecidos en nuestro ordenamiento jurídico nacional y (contra) la normativa internacional de los derechos humanos”.
Las organizaciones periodísticas consideran que este penoso suceso pone en evidencia una total falta de protección y garantías para el ejercicio del periodismo en Bolivia, además de la vulneración sistemática de los derechos humanos de las mujeres periodistas.
En palabras del gremio: “la violencia ejercida contra Torrez no solo refleja un acto de machismo extremo, sino también una grave violación del derecho a la libertad de expresión y a la información, consagrados en la Constitución Política del Estado”.
La ANPB y el Círculo de Mujeres Periodistas se sumaron al pedido dirigido a las autoridades competentes de asumir medidas inmediatas para garantizar la seguridad del sector periodístico e investigar exhaustivamente el caso, por considerarlo un acto de violencia inaceptable.
Considerando que “las agresiones a periodistas han aumentado significativamente, creando un ambiente hostil que limita el ejercicio libre y seguro del periodismo”, creen imperativo “que el Estado boliviano cumpla con su deber de investigar, proteger y garantizar justicia a las y los periodistas y, asimismo, garantizar la libertad de expresión y el derecho fundamental a la información”.