Días después de que la facción “evista” exigiera su destitución y poco antes de la designación del nuevo Fiscal General del Estado, el abogado y exmagistrado, Iván Lima Magne, publicó ayer su renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Justicia y Transparencia Institucional luego de casi cuatro años de gestión, en medio de un panorama envilecido por una debilitada institucionalidad democrática y la imperante necesidad de una reforma judicial.
“Hemos colaborado decididamente a hacer del Estado un espacio más comprometido con su pueblo, para el que hicimos posible un acceso más ecuánime y equilibrado de la justicia, y para el cual creamos más y mejores oportunidades”, señala Lima en una carta dirigida al presidente del Estado, Luis Arce Catacora, y publicada ayer en horas de la tarde en su cuenta de X.
En el encabezado de su publicación, Lima aseguró “haber entregado lo mejor” de sí mismo, seguro de que su trabajo contribuyó a que Bolivia tenga “mejores días”, confirmando su dimisión luego de que la primicia fuera difundida extraoficialmente por medios de comunicación.
También se dio a conocer de manera extraoficial que Arce habría aceptado la renuncia y que el sucesor de Lima sería anunciado y posesionado en las próximas horas.
NO REFORMÓ
LA JUSTICIA
Lima estuvo en el ojo de la tormenta en numerosas ocasiones. Desde que asumió el cargo en noviembre de 2020, varios sectores contrarios al Gobierno exigieron su salida repetidamente, pese a ser considerado uno de los hombres más cercanos al entorno del presidente Arce.
Al poco tiempo de ser posesionado, Lima anunció que su principal desafío sería reformar la justicia, llegando incluso a conformar una comisión de “Juristas Notables” para crear la nueva justicia boliviana, reto que nunca llegó a materializarse.
De acuerdo con expertos citados por el matutino Visión 360, Lima dejó el cargo condenado a incumplir su principal desafío -la reforma judicial- por la falta de voluntad política del mismísimo Órgano Ejecutivo.
OTRAS POLÉMICAS
Lima fue uno de los ministros más criticados por la facción “evista” del Movimiento al Socialismo (MAS), la cual lo acusó en varias oportunidades de “manipular la justicia” para interferir en decisiones del partido azul. Desde la oposición, Lima fue duramente criticado por inmiscuirse indebidamente en asuntos políticos y ser “vocero” o hasta “emisario” servil a los intereses del oficialismo.
Por otro lado, la organización Human Rights Watch (HRW), en su último informe (2023) sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, reflejó que la ansiada “reforma judicial” anunciada por el gobierno de Luis Arce fracasó en garantizar la independencia judicial y sin injerencia política.
Al igual que en otros informes como el de Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o el del Departamento de Estado de Estados Unidos, HRW advirtió la urgencia de una profunda reforma judicial en Bolivia ante numerosos indicios de una justicia instrumentalizada por el poder: persecución política, detenciones arbitrarias, vulneraciones a derechos fundamentales e incumplimiento al debido proceso, entre otros.
El ahora exministro, en su momento, defendió la prórroga indefinida de los altos magistrados del Órgano Judicial, pese a que el mandato venció a finales de diciembre de 2023.