Con sabor a poco, el expresidente Evo Morales, luego de marchar por siete días calzando un par de zapatos de elevado precio, pero que, como todo lo suntuario que utiliza, “se los regalaron”, y seguido de una vagoneta de alta gama que se la prestaron, pero que no sabe quién, con un semblante desencajado fruto de una percepción íntima de la división del MAS, el despilfarro de su propio gobierno y la mala gestión actual, dijo algo coherente: presentará un proyecto de ley para eliminar las pensiones vitalicias a los expresidentes y exvicepresidentes de Bolivia.
Pese a que siempre profiere expresiones incendiarias, razonamientos estólidos o términos racistas, Evo, en un desesperado intento por recuperar su protagonismo de otros tiempos y en medio de sus perentorias advertencias, dijo que se debería suprimir la pensión vitalicia a todos los ex primeros mandatarios del Estado. Ganar diez salarios mínimos hasta el día de su muerte y sin hacer nada, para un país pobre, es, pues, como quitarle su silla de ruedas al lisiado.
La ley 376 de 15 de mayo de 2013, promulgada por el mismo Evo Morales, más que lesionar el erario nacional lastima todo principio de igualdad y austeridad y denota que, en esta materia, vamos a contracorriente respecto a la tendencia especialmente de los países tercermundistas. Es que, si con entusiasmo pregonamos la indiscriminación constitucional, pero en los hechos mantenemos el criterio de que los dos primeros mandatarios, a partir del cese de sus funciones, no tienen posibilidades de trabajar en el servicio público (que tampoco está prohibido, como en el caso del exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas), estamos ahondando la desigualdad social. Sin embargo, la legislación en materia de pensiones establece el beneficio de la jubilación a la que puede acceder cualquier servidor público o trabajador independiente a partir de los 58 años de edad, mucho más una alta autoridad de Estado, que se presume llega a su cargo con importantes aportes previos sumados a los de por lo menos cinco años de su mandato y la posibilidad posterior de seguir haciéndolo.
Por otra parte, ningún candidato con probabilidades de ganar esas magistraturas es impecune; por tanto, son los que menos ayuda financiera necesitan, y percibir de por vida una pensión tan elevada se traduce también en una negación al principio constitucional de que todos somos iguales ante la ley. Pero Evo Morales, quien no puede dejar pasar la oportunidad para incurrir en opiniones odiosas y discriminatorias, ya en el mes de mayo último propuso que las pensiones vitalicias sean equivalentes a dos salarios mínimos nacionales, pero sólo a los que hayan sido electos por el voto popular y no a aquellos —como es el caso de Tuto Quiroga, Jaime Paz, Eduardo Rodríguez o Carlos Mesa— cuya designación haya sido resultado de la Asamblea Legislativa Plurinacional o de la sucesión constitucional, en una evidente muestra de que en pocos meses ha dado un giro a su propuesta inicial y solo con el afán de entrar en campaña electoral para la que legalmente no está habilitado.
Existen muchos argumentos, además de los legales, que justifican que esa categoría de pensión sea suprimida; entre aquellos, que la Constitución Política del Estado no hace una distinción jerárquica entre los cuatro órganos que conforman el Estado; por lo que el presidente y vicepresidente no tienen por qué gozar de beneficios inmerecidos que no los tienen en los otros Órganos del Estado.
Dotar de una renta vitalicia, como la prevista en nuestro ordenamiento jurídico, es simplemente violatoria de los principios de solidaridad e igualdad, pues en nuestro medio las exautoridades de esa jerarquía han tenido la posibilidad de construir un patrimonio importante, mucho más si la corrupción que envuelve a casi todos los gobiernos hace ricas a ellas y a sus familias…
Actualmente, aunque con distintos matices, existe ya un proyecto de ley para abrogar la ley 376 y pronunciamientos de las dos alas del MAS para ese fin, pero en la hora decisiva el desinterés de los asambleístas por dejar sin esos jugosos emolumentos a sus jefes que ya ocuparon la Presidencia y la Vicepresidencia, pone de relieve la hipocresía de nuestros políticos y su falta de voluntad política.
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor.