Próximos a la elección de altas autoridades judiciales en nuestro país, es menester referirnos a ciertos argumentos:
La ciudadanía boliviana espera que, con el cambio de altas autoridades en el Poder Judicial, desaparezcan males que aquejan a la administración de justicia, como la temida retardación de justicia, la corrupción, el excesivo ritualismo y formalismo, entre otros.
Sin miedo a equivocarnos, podemos afirmar que hoy el sistema de justicia en nuestro país atraviesa su peor momento de crisis. Tenemos jueces y servidores judiciales que nunca fueron capacitados para ejercer la función jurisdiccional basada en un paradigma (modelo) de servicio social. Se trata de una función a la que acceden por cuestiones políticas o filiación política, lo que disminuye el interés de los buenos abogados para ejercer funciones jurisdiccionales. Se olvida que la JUSTICIA es un servicio tan importante como la salud y la educación, porque es un derecho esencial de la persona.
Es necesario cuestionar nuestros modelos mentales sobre la retardación de justicia y buscar soluciones salomónicas a través de medios alternativos, como la mediación y la conciliación. Los abogados y la ciudadanía en general perciben al Derecho Penal como un instrumento coercitivo para lograr “soluciones prontas”. Los abogados recomiendan a sus clientes forzar denuncias penales para solucionar asuntos civiles, comerciales, etc., generando una excesiva carga procesal, abuso de la detención preventiva y el correspondiente hacinamiento carcelario, olvidando que la detención preventiva es de última ratio (última instancia).
Otro argumento es la deshumanización en los operadores de justicia, que ven los casos como simples legajos de documentos o procedimientos mecánicos, en lugar de contemplar y meditar que son seres humanos que reclaman sus derechos, que han sufrido situaciones injustas, que son personas vulnerables y que han padecido un daño. También se debe pensar en los imputados, que han cometido un injusto.
Lo dijo un Presidente: «Los abogados viven de la justicia… no para la justicia».
En las aulas de las universidades es donde se debe cambiar esa mentalidad, enseñando la justicia como un valor esencial de la sociedad. Acceder a la justicia no es solo presentar una petición al juez, sino recibir un trato digno, cálido y orientado a la solución oportuna de la controversia de forma ágil, transparente y eficaz.
Los procesos no son resueltos en plazos razonables. La retardación es la regla, y la justicia pronta y oportuna es la excepción. La retardación de justicia se comprende en nuestro medio como la duración excesiva de los procesos, el uso indebido de recursos (chicanería), la sobrecarga procesal, el personal insuficiente e ineficiente, el asesoramiento inadecuado de los abogados (quienes perpetúan los procesos para extender ganancias) y la corrupción. Un despacho judicial no puede ser una oficina de expedientes y rituales de formalismo, sino una oficina de información activa, transparente, con un juez activo y decisiones oportunas. Asimismo, se requiere la participación de los funcionarios judiciales o de apoyo, que realicen un trabajo calificado y que no deformen la imagen de los juzgados, ya que, en muchos casos, son ellos (estudiantes de derecho) los que deciden y redactan las resoluciones, proyectos de libertad y otros trámites.
Se habla de fortalecer la gestión judicial y fiscal, modernizando e incorporando tecnologías, lo cual es necesario, pero no suficiente, porque es importante comprender a las partes.
Finalmente, nuestras leyes son buenas, pero depende de las manos en las que se encuentren y de cómo se las interprete. Pueden ser buenas o malas, como ocurre con un bisturí: en manos de un médico será para salvar vidas humanas, pero en manos de un asesino será para cegarlas. Todo depende de la conciencia y los valores de la persona que las aplica (juez, fiscal, abogado).
Al votar en las próximas elecciones de altas autoridades judiciales, ojalá las bolivianas y bolivianos escojamos a los mejores hombres y mujeres, formados en Derecho, libres de partidismo político, para guiar los destinos de la administración de justicia en nuestra patria.
MSc. DAEN Abg. Willma Blazz Ibáñez