Opositores denuncian inacción ante instancias internacionales

Mediante cartas remitidas a distintos organismos internacionales, parlamentarios de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos denunciaron la inacción y complicidad del Gobierno boliviano en el desastre medioambiental a consecuencia de las quemas ilegales en la Amazonia y Chiquitania boliviana.
Las notas remitidas a la Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Unión Europea, Organización de Naciones Unidas Bolivia, Relator Especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Human Rights Watch, denuncian al Gobierno boliviano por negarse a reconocer la gravedad de los incendios forestales, “rehusando decretar desastre nacional, mientras zonas boscosas se pierden por deficientes políticas ambientales”.
La senadora, Centa Rek, junto con los diputados, María René Álvarez y Marcelo Pedrazas, advirtieron en la misiva que la contaminación ambiental es una de las principales consecuencias de este desastre, pues se afecta la salud e integridad de la población, en especial de sectores en riesgo como mujeres embarazadas, niños y adultos mayores, situación que no es tomada en cuenta por el gobierno boliviano.
Para Rek, el país es víctima de un ecocidio que compromete los derechos de las generaciones presentes y futuras, de los pueblos indígenas a quienes se les está destruyendo su hábitat.
“La urgencia para que el gobierno declare a Bolivia en desastre medioambiental se demuestra por los daños provocados y la continuidad y posibilidad de repetición de estos eventos propiciados por políticas públicas ambientales deficientes, lo que agrava los niveles de indefensión en la que se encuentran las poblaciones indígenas”, aseguró.
Agregan que “esto nace no por tema natural, sino porque hay gente asentada que evidentemente está quemando para seguir ampliando el terreno y poder seguir asentándose dentro de la zona, situación que acontece bajo la protección del Gobierno boliviano y sus instituciones ya que al tener pleno conocimiento de la situación no realiza ninguna gestión para detener estos avasallamientos”.
En ese marco, estos opositores pidieron que los diferentes organismos internacionales conocedores de esta denuncia exijan al Estado boliviano la implementación inmediata de iniciativas que busquen salvaguardar, proteger y restaurar los ecosistemas presentes en todas las áreas protegidas del territorio boliviano y las que se ven afectadas por avasallamientos ilegales e incendios forestales ilegales, bajo el entendido de que el acceso a un medio ambiente sano ha sido reconocido como un derecho humano fundamental por varias instancias internacionales.