En un preocupante giro de los acontecimientos, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) ha denunciado abiertamente las negociaciones entre el gobierno de Luis Arce y sectores interculturales que buscan flexibilizar las regulaciones ambientales. A pesar del creciente daño causado por los incendios forestales, el Gobierno parece estar dispuesto a ceder a presiones políticas, poniendo en jaque la protección de los ecosistemas.
La Contiocap acusó al Ejecutivo, específicamente al ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lispenger, de comprometerse a modificar los decretos supremos 5203 y 5225. Estos decretos, que hasta ahora imponían sanciones por las quemas ilegales y declaraban una pausa ecológica, son un freno necesario para los chaqueos -la quema de tierras para actividades agrícolas- que devastan los bosques. Sin embargo, en una aparente transacción política, el Gobierno parece dispuesto a ceder, permitiendo que los sectores interculturales retomen las quemas.
Este movimiento evidencia el doble discurso del Ejecutivo, que por un lado, se presenta como defensor del medio ambiente en foros internacionales, mientras que, por otro, dentro del país, negocia con sectores que favorecen prácticas destructivas para obtener apoyo político. La pausa ecológica, que debería ser un salvavidas ante la crisis ambiental, ha sido debilitada por intereses cortoplacistas.
Las presiones de organizaciones como la Federación de Comunidades Agropecuarias de Rurrenabaque (Fecar) y la Federación de Productores Agroecológicos de Yucumo (Fepay) no hacen más que profundizar la crisis. Según la Contiocap, estos grupos que abogan por los chaqueos disfrazan sus prácticas de «agroecológicas», cuando en realidad promueven una producción que amenaza la biodiversidad.
Lo más alarmante es que el Gobierno, lejos de asumir un rol firme ante esta crisis ambiental, ha cedido a regionalizar la pausa ecológica. En lugar de mantener una política clara de protección, se han abierto las puertas a la destrucción selectiva de áreas vulnerables, un claro retroceso en la lucha contra el cambio climático y la deforestación.
La Contiocap ha sido enfática: modificar el decreto 5203, que sanciona las quemas, será un incentivo para que los incendios continúen descontroladamente. En un país que ya enfrenta la pérdida incalculable de biodiversidad, la reducción de fuentes de agua y el desalojo de comunidades indígenas, esta decisión es vista como una traición al patrimonio natural de Bolivia.
El gobierno de Luis Arce parece estar caminando por una delgada línea entre la preservación ambiental y las alianzas políticas. Sin embargo, en este caso, la balanza parece haberse inclinado hacia una peligrosa transacción en la que el costo no solo lo pagará el medio ambiente, sino también las generaciones futuras que dependerán de los recursos que hoy se queman por conveniencia política.
Ante esta situación la ciudadanía se pregunta: ¿hasta cuándo el discurso verde del Gobierno será solo una fachada para ocultar negociaciones que alimentan el fuego de la destrucción?