En nuestro país es vox populi que la administración de justicia está en deterioro por sus enormes errores y su deplorable sometimiento ante el gobierno de turno. A pesar de que en el pasado ya adolecía de tremendas fallas, éstas han empeorado desde el año 2006, cuando el MAS arriba al poder y comienza a destruir la institucionalidad. Es decir que se da preferencia a masistas para que ocupen cargos públicos, relegando la meritocracia. En consecuencia, no es raro que muchos funcionarios públicos obren según los deseos gubernamentales.
Y ahora por conflictos entre arcistas y evistas, que aparentemente son muestra de una fragmentación en el partido azul, surgen revelaciones sobre hechos cuestionables. Nos referimos a una reciente declaración de Iván Lima, ex Ministro de Justicia, quien aseveró que “por capricho” del ex presidente Evo Morales se le inició un juicio ordinario, por la llamada “masacre de Senkata”, a la ex mandataria Jeanine Añez, por lo que este caso podría ser llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). De acuerdo con Lima, a la señora Añez le correspondía un juicio de responsabilidades, pero Morales presionó para que el proceso sea por la vía ordinaria.
Tal declaración, según expertos en materia política, pone en duda, inicialmente, que en el partido oficialista haya una verdadera división, pues para casos como el mencionado, se ponen de acuerdo y actúan por conveniencia partidaria. Son implacables contra quienes apoyaron la insurrección popular que, por el fraude electoral masista, en 2019 provocó la fuga de Morales del país. Después del fracaso del gobierno de transición liderado por la señora Añez, volvió el masismo al gobierno y desde entonces continúa la persecución política contra opositores, con el resultado de presos y exiliados, sin que se actúe con la misma intensidad contra quienes organizaron el fraude electoral, provocaron enfrentamientos violentos en las calles y pedían “guerra civil” o amenazaban con destruir plantas de gas.
Debido a que tales juicios son irregulares, porque desde el oficialismo se recurre a triquiñuelas jurídicas para evitar una pronta dilucidación de los casos, varios aprisionados se vieron obligados a declararse “culpables” por delitos que no cometieron, a fin de acabar con su “detención preventiva”, alargada también “por capricho”, para recuperar su libertad y reunirse con sus familias. Generalmente los opositores que son recluidos quedan indefensos y sin posibilidad de ser objetos de un debido proceso.
Este es el estado de la administración de justicia desde el año 2006 y cada vez son más las pruebas que demuestran que prevalece la manipulación de la justicia a favor del oficialismo en conjunto, de arcistas y evistas. Y a pesar de que ahora, sin rubor, hablan de democracia, de “gobernar escuchando al pueblo” y otras frases vacías, solo un nuevo gobierno deberá hacer las reparaciones correspondientes a favor de toda la población, sin discriminación por intereses partidarios.