Luego de que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, desmintió haber ordenado paralizar una investigación penal en contra de Evo Morales y aclaró las razones por las que destituyó a la exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, activistas observaron que el accionar de Lanchipa evidencia el poder que Morales aún tiene sobre la justicia boliviana.
El miércoles, la exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, reveló que una orden de aprehensión en contra del expresidente había quedado sin efecto por decisión de la jueza de Santa Cruz, Lilian Moreno, tras admitir una Acción de Libertad.
Asimismo, Moreno dispuso que la denuncia con agravantes sea remitida a Villa Tunari en el Trópico de Cochabamba, bastión del séquito cocalero de Morales, informó ayer el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.
Se acusa a Morales por los delitos de trata de personas y estupro en contra de una joven que habría quedado embarazada a sus 15 años luego de mantener relaciones sexuales con él, en el año 2015. De acuerdo con la denuncia, la adolescente dio a luz a una niña un año después, a sus 16 años.
Para el activista y representante del Comité Nacional por la Democracia (Conade), Manuel Morales, la actitud de Lanchipa de destituir a Gutiérrez “muestra el terrible poder que todavía tiene Evo Morales en ámbitos de la justicia”, a tiempo de recordar que la exfiscal también ejerció como Ministra de Justicia en la gestión del expresidente.
“El Fiscal General, que ya está de salida, está poniendo las manos al fuego por proteger a Morales (…). Si una fiscal departamental es destituida por atreverse a sacar un mandamiento de apremio contra Evo Morales; si en una acción sumaria consigue una acción de libertad en Santa Cruz para evitar su detención, esto significa que Evo Morales tiene todavía mucho poder en el ámbito judicial”, señaló el activista a EL DIARIO.
ILEGALIDADES
El nuevo ministro de Justicia, César Siles, informó ayer que su cartera se sumará al proceso contra Morales y se iniciarán procesos en contra de la jueza Moreno. El presidente de Estado, Luis Arce, anunció que el caso será declarado en reserva al tratarse de un asunto delicado.
Por su lado, el abogado y exfiscal, Jaime Soliz, considera que desde la Justicia se “están cometiendo actos ilegales simplemente para favorecer a Evo Morales, teniendo en cuenta que su protector Lanchipa se va en los próximos días”.
Soliz explicó que no se puede anular una orden de aprehensión de la noche a la mañana, sino que los tribunales departamentales implicados deberían “disputar” el caso ante el Tribunal Supremo de Justicia. Sugirió que la jueza Moreno “simplemente está haciendo política”.
“Solamente puede anular (la orden) un juez de Tarija, no un juez de Santa cruz. Si existen dos denuncias, una en Tarija y una en Santa Cruz, tendrán que ser las cortes de cada una, los Tribunales de ambos departamentos, los que disputen ante el TSJ. La jueza que ha anulado (Moreno) acá ha cometido tráfico de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes”, explicó en sus redes sociales.
Soliz agregó que la orden de aprehensión debe seguir vigente en Tarija y que incluso debería emitirse una alerta migratoria en todo el país, para que Morales sea aprehendido y llevado ante el mismo juez al que informó la Fiscalía de Tarija.
Para el sociólogo y analista político, Franz Flores, el accionar de Lanchipa es “cuando menos bastante sinuoso” y que su imparcialidad como Fiscal General puede levantar sospechas, considerando que ejerce el cargo desde la gestión de Evo Morales y luego con Jeanine Añez, a quienes demostró lealtad cuando estas exautoridades ocuparon la silla presidencial.
VERSIÓN DE LANCHIPA
Por su lado, Lanchipa negó haber ordenado la paralización de la orden de aprehensión contra Morales y aseguró que esto ocurrió por efecto del cumplimiento de la Acción de Libertad emitida desde la capital cruceña. En su criterio, se dispuso la nulidad del procedimiento tras advertir violaciones a derechos fundamentales de las partes, lo que evidenció “inconsistencias procesales” en la tramitación de la causa.
“El suscrito en ningún momento dio instrucción alguna para paralizar el proceso indicado, por cuanto dichas órdenes de aprehensión, libradas por la comisión de fiscales, no fueron dejadas sin efecto por el Ministerio Público, sino por una determinación de una juez constituida en juez de garantías constitucionales en la tramitación de una acción de libertad”, afirmó.
Respecto a la destitución de Gutiérrez, Lanchipa aclaró que se tomó tal decisión por errores procedimentales y para corregir una “conducta negligente” dentro de la supervisión de las investigaciones por parte de la exfiscal, no por ordenar la aprehensión del líder cocalero.