Mediante un pronunciamiento público, la diputada nacional María René Álvarez, planteó exigir que cualquier proyecto de ley destinado a adquirir préstamos internacionales, «bajo la excusa de temas ambientales y climáticos», sea transparentado y fiscalizado para que los recursos en cuestión, lleguen oportunamente a las poblaciones afectadas por los incendios forestales.
«No podemos permitir que se repita esta tragedia. Los fondos internacionales deben ser un instrumento para sanar las heridas de nuestra tierra y proteger el futuro de nuestras comunidades», refleja el documento de la legisladora representante de la Chiquitania, que puntualiza una serie de condicionamientos antes de aprobar cualquier nuevo crédito internacional.
«Se tiene que reparar los daños provocados en las comunidades indígenas, en los bosques, en las áreas protegidas y parques naturales incendiados. Se tiene que pensar en políticas de corto plazo para brindar seguridad hídrica a las poblaciones», señaló.
Álvarez llamó a comenzar un plan de reforestación de las más de 7 millones de hectáreas quemadas, hacer una reprogramación de deudas bancarias para aquellos pequeños productores que han perdido sus cultivos o sus tierras, comenzar a acatar la Ley Plus de uso de suelos que tiene cada departamento, además de garantizar la expulsión de los avasalladores y hacer una auditoría general para conocer el estado de la titulación de tierras por parte del INRA o de los permisos de desmontes emitidos por la ABT.
Recientemente, en la Cámara de Diputados ingresaron dos proyectos de ley para adquirir nuevos préstamos para el país por 325 millones de dólares.
Un proyecto hace referencia al crédito de 250 millones de dólares del BID «para ayudar a la emergencia de desastres naturales y salud pública» y otro por 75 millones de dólares de la CAF para el «programa de apoyo y gestión de eventos adversos del clima».