La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó que el 26 de julio presentó el caso del Hotel Las Américas ante la Corte de este organismo (Corte-IDH); el juicio es por las violaciones de derechos humanos cometidas durante un operativo policial en el Hotel Las Américas en la ciudad de Santa Cruz en 2009, donde murieron tres personas.
Además de la muerte de Michel Dwyer, Eduardo Rosza y Arpad Magyaroisi, también se produjo la detención de Elöd Tóásó, Mario Tadic, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, quienes alegaron tortura y violación, según boletín oficial difundido en su portal oficial.
El 14 de abril de 2009, el Ministerio de Gobierno denunció ante la Fiscalía de La Paz delitos contra la seguridad interna del Estado. Dos días después, la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) ingresó al Hotel Las Américas en Santa Cruz, realizando detonaciones y disparos que provocaron las muertes y detenciones mencionadas.
En su Informe de Fondo 394/21, la CIDH determinó que el Estado boliviano es responsable por la muerte de Dwyer debido a la falta de investigación y esclarecimiento de los hechos.
Además, se concluyó que Tadic, Tóásó, Guedes y Mendoza fueron víctimas de tortura y detenciones arbitrarias, ya que no se les informó adecuadamente de las razones de su detención ni fueron llevadas ante una autoridad judicial de manera oportuna.
Durante el proceso penal por terrorismo, se violaron sus garantías judiciales, al ser trasladados a La Paz sin justificación legal y permanecer en detención preventiva por períodos.
La CIDH responsabilizó al Estado de Bolivia por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección a la honra y dignidad, y protección judicial, establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Se recomendó al Estado reparar las violaciones de derechos humanos mediante compensación económica y efectuar medidas de satisfacción para reparar tanto el daño material como inmaterial. Asimismo, la Comisión pidió implementar medidas de rehabilitación física y mental para las víctimas, realizar una investigación penal diligente y efectiva, identificar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. (Agencias)