En el marco de las protestas electorales, no menos de 106 detenidos por causas políticas tiene el Estado Apure de Venezuela desde el 28 de julio, día de las elecciones presidenciales.
Casi de inmediato trasladaron a 19 a las peligrosas cárceles de Tocuyito y Tocorón. En la cifra de detenidos hay 15 mujeres. Todos han sido víctimas de un círculo corrupto de la justicia en el que participan jueces de control, fiscales del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Defensa Pública y el Ministerio del Servicio Penitenciario.
Una cantidad de funcionarios que son los carceleros como jueces, fiscales, defensores y esbirros “ha demostrado una complicidad importante en todo este esquema de sobornos, tortura, trato cruel, inhumano y degradante hacia los privados de libertad arbitrariamente durante las protestas postelectorales”, señaló a Infobae el representante de una ONG defensora de DDHH, que también es perseguida por el régimen venezolano.
Todos los detenidos son obligados a aceptar como defensora pública a Ana Karina Ramírez, pareja sentimental del subjefe del Sebin. Los casos han sido distribuidos en los tribunales de control a cargo de los jueces: María Milagros González Díaz, José Antonio Méndez Laprea y Rosmery Torres.
Entre las mujeres detenidas en Apure, está María Isabela García, es abogada pero también docente del Liceo Bolivariano “Manuel Antonio Nieves”, ubicado en la avenida Urbino Ruiz de la parroquia Elorza, municipio Rómulo Gallegos, Apure.
Políticamente es la Coordinadora de Educación y militante del partido Primero Justicia (PJ), pero especialmente miembro del voluntariado de Mujeres con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en Elorza. (Infobae)
García fue arrestada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el 3 de agosto, siendo presentada una semana después de su detención y sin derecho a defensa privada, porque le impusieron a la defensora pública Ana Ramírez.
La audiencia de imputación de García fue realizada de forma telemática con alguien que dijo ser fiscal, pero aun de manera virtual el funcionario no se identificó. Le violentaron todo derecho a la defensa, al debido proceso y le imputaron delitos de terrorismo e incitación al odio por administrar un grupo de Whatsapp.
La verdadera razón, de la cuestionada administración de justicia, es enviar un mensaje de terror al resto de los venezolanos. El chat de WhatsApp solo fue una excusa, con el argumento que ahí se habla mal de Nicolás Maduro y de Sobella Flores, jefa de la Unidad de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) del sector Centro de Elorza, quien para colmo es la madrina de García. El Tribunal en función de control le asignó como centro de reclusión el comando de la GNB de Mantecal.