En el Día de la Mujer Boliviana, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el uso instrumentalizado de mujeres en recientes conflictos entre actores políticos y pidió al Estado garantizar una vida libre de violencia para ellas.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, lamentó que los recientes hechos de violencia política deshumanicen y cosifiquen a la mujer al proyectarla como un objeto, cuando debería ser un tiempo de reivindicación y respeto de los derechos de las mujeres, a propósito del onomástico por el nacimiento de la escritora boliviana, Adela Zamudio.
“Estamos ante un escenario muy complicado, donde se han presentado situaciones de instrumentalización y cosificación de la mujer, deshumanizándola, viéndola como un objeto, en un escenario y espacio político donde no debería de realizarse este tipo de argumentos”, manifestó.
Callisaya considera que este tipo de escenarios “debilitan la institucionalidad democrática que desde la anterior gestión muestra una alta fragilidad”. Advirtió que la sociedad se está fracturando mucho más con una manifestación expresa “violencia simbólica”, la que “genera mayor confrontación entre bolivianas y bolivianos porque las mujeres se sienten hostigadas y violentadas”.
El Defensor del Pueblo hizo un llamado y una exhortación a todos los tomadores de decisión y autoridades de Estado a abstenerse de ejercer este tipo de violencia contra las mujeres, “y más bien generar espacios de respeto en favor de los derechos de las mujeres”.
EMBARAZOS DE
MENORES
Por otro lado, la Defensoría aprovechó la celebración del Día Internacional de la Niña para informar que entre 2020 y 2023 se reportó la cifra de 252.613 embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 a 14 años, “los cuales en su mayoría son resultado de delitos de violación, afectando su salud física, mental y emocional”, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud.
Asimismo, la Defensoría hizo un llamado al Estado a tomar medidas urgentes para eliminar todo el marco legal vigente que aún permite el matrimonio infantil y en favor de fortalecer las políticas públicas de derechos sexuales, salud sexual reproductiva y reducción de la pobreza, en vista de que se registraron 487 matrimonios de niñas entre 12 y 15 años en el período 2014-2023, según reflejan datos del Servicio de Registro Cívico (Serecí).
“Se exhorta al Estado a tomar medidas urgentes contra la violencia sexual hacia niñas y adolescentes, reforzando la implementación de las Leyes 348 y 548 para asegurar la protección integral de las víctimas y sancionar a los agresores, garantizando el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad”, se lee en un pronunciamiento de la DPB.