El intervencionismo del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) durante más de dos décadas ha dejado una huella profunda en diversos sectores económicos de Bolivia, siendo el sistema financiero uno de los más perjudicados. La insistencia del Estado en obligar a las entidades financieras a otorgar créditos para vivienda social, a menudo a prestatarios con problemas de capacidad de pago, ha socavado la gestión de riesgos de estas instituciones. Este enfoque, que podría parecer altruista, ha tenido consecuencias nefastas para la salud del sistema financiero y, por ende, para la economía nacional.
Durante años, Bolivia disfrutó de un aparente boom económico impulsado por la renta gasífera de US$ 64.000 millones. Sin embargo, este crecimiento fue sostenido en gran medida por un congelamiento de los precios de los combustibles y un tipo de cambio fijo de 1 dólar = 6,97 bolivianos. Esta situación creó una ilusión de rentabilidad que, aunque atractiva, era insostenible. A partir de 2016, la economía boliviana comenzó a enfrentar una recesión, exacerbada por políticas fallidas en el sector hidrocarburífero y por el impacto de la pandemia de covid-19.
A diferencia de otros países de la región que lograron activar más rápidamente su aparato productivo, Bolivia se vio atrapada en un ciclo de disminución del comercio y escasez de divisas. Esta situación generó, a partir de 2023, un proceso inflacionario que elevó los precios de productos de importación y redujo el consumo. Las dificultades económicas se tradujeron en un aumento del incumplimiento de pagos a las entidades financieras.
La falta de conocimiento sobre los modelos de amortización de capitales e intereses ha llevado a una situación crítica. Muchos prestatarios firmaron contratos sin comprender completamente sus implicaciones. Cuando la economía se tornó adversa, comenzaron a ver a los bancos como usureros, olvidando que la intermediación financiera requiere rentabilidad para operar.
Recientemente, la diputada Soledad Pérez Alberto propuso una ley de condonación de intereses como respuesta a esta crisis. Aunque la medida puede parecer una solución social, sus motivaciones políticas son evidentes. La propuesta parece destinada a movilizar a sectores insatisfechos y desestabilizar al gobierno. Por otro lado, el abogado Jaime Soliz, representante de los prestatarios, parece más interesado en potenciar su imagen política, dado que ha anunciado su candidatura a la presidencia del Estado.
Implementar una condonación de intereses no solo afectaría la estabilidad del sistema financiero, sino que también socavaría la seguridad jurídica de los contratos. La posibilidad de que el gobierno condone deudas en el futuro podría disuadir a los prestamistas de otorgar créditos, generando un efecto dominó que desestabilizaría aún más el sector. La incertidumbre sobre el cumplimiento de contratos futuros podría llevar a una restricción del crédito y al aumento de las tasas de interés, afectando a quienes sí cumplen con sus obligaciones.
Además, los ingresos que reciben los bancos por concepto de intereses no son ganancias puras. se debe descontar los pagos a los depositantes, gastos operativos, administrativos y otros impuestos. La condonación de intereses podría comprometer la capacidad de las entidades financieras para operar, poniendo en riesgo su continuidad y, con ello, la confianza en el sistema.
El sistema financiero nacional ha visto un incremento en su calificación de riesgo, no por fallas internas, sino por la inestabilidad política. La incertidumbre que rodea las decisiones del gobierno ha hecho que muchos inversores reconsideren su confianza en el sistema. Si se implementara la condonación de intereses, esta percepción de riesgo aumentaría, lo que podría llevar a una fuga de capitales y a una mayor escasez de liquidez.
Sin embargo, esto no significa caer en la inacción frente a la crisis. Es crucial ofrecer apoyo técnico a los prestatarios para que realicen un cálculo adecuado de sus amortizaciones, tanto de los pagos ya efectuados como de las obligaciones futuras con el sistema financiero. Este apoyo debe centrarse en eliminar posibles irregularidades que hayan llevado a un pago excesivo de intereses y en establecer sanciones para aquellas prácticas abusivas que se hayan producido. Además, es importante considerar la reprogramación de créditos y la eliminación de intereses penales para los deudores que hayan mantenido una buena calificación de pago hasta 2023. Asimismo, sería beneficioso fomentar fusiones y absorciones de bancos con carteras reducidas, creando entidades financieras más sólidas que puedan enfrentar mejor cualquier crisis y reducir tasas de interés.
La propuesta de condonación de intereses, más que una medida de justicia social, es un reflejo de una política que prioriza la apariencia sobre la realidad. Al promover estas medidas, la diputada del MAS y otros políticos no solo ignoran la complejidad del sistema financiero y siembra las semillas de futuras crisis. La respuesta no es desestabilizar el sector, sino construir un marco que fomente la responsabilidad y el entendimiento. Es imperativo que la sociedad y sus líderes políticos se alineen en la búsqueda de un sistema financiero sólido y sostenible, en lugar de sucumbir a soluciones a corto plazo que pueden dejar a la economía boliviana en una situación aún más precaria.
El autor es Investigador y analista socioeconómico.