Desde hace varias semanas, Ecuador está sufriendo una de las peores crisis energéticas de su historia, con masivos cortes de luz, paralización de la actividad industrial y riesgo sobre la continuidad y disponibilidad del servicio de agua potable. Aunque las causas son múltiples e incluyen la falta de diversificación de la matriz energética y deficiencias en la infraestructura, el problema principal es su excesiva dependencia de las fuentes hidráulicas que representan alrededor del 90% de la capacidad instalada de generación de electricidad, lo que la expone a una seria vulnerabilidad respecto a las variaciones climáticas, particularmente en épocas de sequía.
La situación descrita es una llamada de atención para nuestro país que, aunque no alcanza ese nivel de alarma, se enfrenta a la eventualidad de una grave crisis en el mediano plazo.
De Acuerdo con el Balance Energético Nacional, a 2023 el consumo primario de energía en nuestro país se obtuvo del petróleo crudo, condensados y gasolina (11%); gas natural (80%); hidroenergía (1%); y eólica, solar y biomasa (7,18%). Más del 90% de la energía que hace funcionar la economía en Bolivia depende de los combustibles fósiles, principalmente del gas, que se usa para la generación de electricidad a las ciudades, las operaciones de la industria y la minería, el funcionamiento del 30% del parque automotor, y el consumo doméstico.
El problema para nosotros radica en que la disponibilidad de gas disminuye rápidamente a niveles preocupantes. Según datos oficiales, la producción de este recurso en Bolivia cayó de 56,6 millones de metros cúbicos por día en 2016 a 31,9 en 2023, mientras que la importación de gasolina y diésel va en aumento, y hoy genera un gasto alarmante que en 2023 alcanzó a 2.848 millones de $us, más del doble que hace una década. Si a este escenario le añadimos el hecho de que una gran parte de la producción de gas se vende al Brasil, que las reservas han caído de 10.7 Trillones de Pies Cúbicos en 2017 a 2,13 en 2023, y a que no hemos explorado lo suficiente para reponer reservas, en pocos años seremos importadores netos de gas.
La posibilidad de explorar otras fuentes alternativas y complementarias al gas es viable, sin embargo, se enfrenta a barreras políticas, económicas y ambientales que hasta ahora han impedido su desarrollo.
El uso de energía hidroeléctrica, que hoy representa el 16% de la generación total de electricidad en el mundo, es una opción importante por la capacidad de generación constante, el almacenamiento natural y las posibilidades abundantes en Bolivia. De hecho, el Gobierno ha anunciado un plan de desarrollo de 19 proyectos que podrían posibilitar no solo reemplazar a las no renovables en algunas regiones, sino que aumentarían nuestra capacidad exportadora, aunque también enfrentan problemas de impacto ambiental y social, dependencia de factores climáticos y costos iniciales elevados, como le ocurre a Ecuador.
Otra alternativa es la energía solar fotovoltaica, aplicada con éxito en Brasil, Chile, México y Argentina, que tienen muchas posibilidades de implementarse en el área occidental del país, gracias a sus ventajas como abundancia de recurso solar, disminución de costos de los paneles, bajo impacto ambiental y modularidad.
Finalmente se encuentra la posibilidad de desarrollar energía a partir del hidrógeno verde, que se presenta como una solución viable para la descarbonización de sectores como la industria pesada, el transporte de larga distancia y la generación de calor. Aunque poco explorada, ya existen iniciativas legales y técnicas en Bolivia para avanzar en esta alternativa que tiene el potencial de revolucionar las perspectivas de una economía baja en carbono.
La transición energética, basada en la diversificación, es uno de los desafíos más importantes que tiene nuestro país para asegurar su viabilidad económica. No es una opción sino una necesidad de la que dependerán las futuras generaciones, no solo para asegurar la provisión permanente de energía, sino para garantizar la estabilidad ambiental y social.
El autor es Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.