Un tribunal de Roma declaró ayer ilegal la reclusión en Albania de los migrantes trasladados esta misma semana desde Italia y ordenó su retorno, bajo el argumento de que los países de procedencia de estas personas, Bangladesh y Egipto, no pueden considerarse seguros.
El Gobierno italiano fletó esta semana un buque militar con 16 solicitantes de asilo que debían esperar en Albania la resolución de sus respectivos casos. Poco después del traslado, ya se ordenó la vuelta de dos posibles menores y de otros tantos declarados vulnerables a su llegada.
Ambas catalogaciones invalidaban su posible reclusión, en virtud de un acuerdo que establece también que sólo podían ser trasladados a suelo albanés migrantes procedentes de países seguros. La sección migratoria del Tribunal de Roma entendió que tampoco se da este requisito para los que permanecen aún en Albania, según la cadena RAI.
«Los dos países de los que proceden los migrantes, Bangladesh y Egipto, no son seguros», señala la sentencia, en la que se alude a un fallo previo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 4 de octubre. En dicho fallo, el TJUE incide en que el derecho comunitario prohíbe designar como seguro un tercer país si no se puede catalogar como tal en todo su territorio y para el conjunto de sus ciudadanos.
En este sentido, la corte de Roma determinó la anulación de la orden de detención policial dictada contra los migrantes, al menos cuatro, según la sentencia, lo que implican por tanto que no pueden quedar detenidos. Sostiene que sólo en Italia está garantizada la libertad a la que tienen derecho.
El Gobierno ya había adelantado que recurriría cualquier posible bloqueo judicial a este programa y así lo confirmó el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, que reconoció el «desafío» que supone para un Estado conciliar por un lado el «sacrosanto» derecho de asilo con la necesidad de celeridad en los procedimientos.
Piantedosi sostuvo no obstante «respetar» la sentencia, al igual que su compañero de Exteriores, Antonio Tajani, que confía en que los jueces no busquen «reescribir» las leyes e «impidan que el Ejecutivo realice su trabajo», según la agencia de noticias AdnKronos.
POLÍTICA DE MELONI
El inicio de este programa de traslados supuso la puesta en marcha de uno de los planes estrella del Gobierno de Giorgia Meloni para combatir la inmigración irregular y disuadir futuras llegadas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, abogó esta semana por estudiar el plan italiano para su posible expansión al ámbito de la UE, en vísperas de un Consejo Europeo que sentó las bases para estudiar «nuevas formas» de reducir la inmigración.
Poco después de que saliese a la luz la sentencia, Meloni, de visita en Jordania y Líbano, arremetió en redes sociales contra los principales partidos opositores por intentar que Bruselas abra un expediente a Italia por enviar migrantes a Albania, una «vergüenza» en su opinión. «Algunos partidos italianos están instando a Europa a sancionar a su propio país y a sus propios ciudadanos con el único objetivo de atacar políticamente a este Gobierno», lamentó.
La secretaria del Partido Democrático, Elly Schlein, enfatizó que el pronunciamiento del Tribunal de Roma evidencia que el acuerdo con Albania «viola la ley», al tiempo que aprovechó para volver a criticar el elevado coste de los traslados, «18.000 euros cada uno», dinero que «podría haberse utilizado en atención sanitaria».
Por su parte, el líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S), Giuseppe Conte, habló de «desastre» y «estafa» por parte del Gobierno. Considera que el traslado a Albania es en realidad «un anuncio», un «juego» político que no evita que cientos de migrantes sigan llegando todos los días a la isla de Lampedusa. (Europa Press)