La seguridad jurídica es un principio fundamental del derecho, que se refiere a la estabilidad y previsibilidad en las relaciones jurídicas. Se basa en el respeto a los derechos y garantías de los individuos y en la certeza respecto a las normas legales aplicables, lo que permite a las personas y empresas planificar sus acciones y decisiones de acuerdo con las leyes vigentes.
El crecimiento económico del país está supeditado a la llegada de capital externo e inversión privada nacional. Y, ante el cada vez más difícil acceso a nuevos créditos, por la calificación de Standard & Poor’s de triple C, con tendencia negativa para Bolivia, debemos extremar nuestros esfuerzos para captar la inversión privada externa e interna.
Como coinciden los analistas financieros, lo primero que debe hacer el gobierno en el presupuesto general del Estado para la gestión 2025, es reducir el elevado déficit fiscal, que se arrastra durante los último 10 años, y así encarar la caída de los ingresos, porque ya caducó el modelo económico extractivista – rentista, por la dramática reducción de los campos de gas.
Pero para que llegue la inversión privada es indispensable ofrecer la seguridad jurídica necesaria, algo que no ocurre actualmente. Como señala José Mario Serrate Paz, en su trabajo titulado “Seguridad jurídica y soluciones del estado contemporáneo”, en el país se escamotea la seguridad jurídica cuando, en las campañas electorales, se predica los derechos, pero no los deberes del ciudadano para con el país, como: el deber de pagar los impuestos para solventar los servicios públicos, el deber de la obediencia a la ley, el servir a la comunidad y a la nación, el deber de asistencia y seguridad social acorde a las posibilidades y circunstancias, y el deber de trabajar según su capacidad y posibilidades, indispensable para la obtención de recursos para su subsistencia y para el beneficio de la comunidad.
Para el Tribunal Constitucional de Bolivia, la seguridad jurídica es “la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones”. Hoy, en un Estado moderno, es importante tener leyes justas, que sean respetadas tanto por el propio Estado en su carácter de generador del derecho, como por la ciudadanía en general. Es misión específica del Estado respetarlas y hacerlas respetar, asegurando su cumplimiento.
Hace pocos días, se llevó a cabo el Seminario “Bolivia en el contexto del Mercosur”, organizado por el Comité de Relaciones Económicas Internacionales de la Cámara de Senadores y la Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio, donde el senador Rodrigo Paz Pereira resaltó la urgencia de que Bolivia genere seguridad jurídica, si desea captar capitales internacionales y alcanzar una mayor estabilidad económica.
En dicha oportunidad, presenté un informe de los pasos a seguir para cumplir con todas las normas para la adhesión completa e integral de Bolivia al Mercosur, la cual consideramos que tomará aproximadamente 4 años para adecuarnos a todos los asuntos democráticos, institucionales y de seguridad jurídica. Desde su creación, el Mercosur tuvo como objetivo principal propiciar un espacio común que generará oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional.
Este parlamentario fue enfático al afirmar que, para que Bolivia logre una relación estable con el Mercosur y otros actores internacionales, es imprescindible resolver problemas internos, como la inseguridad jurídica y las deficiencias en el sistema judicial. El Mercosur no sólo abre nuevas oportunidades comerciales, permitiendo a Bolivia acceder a un mercado ampliado para sus productos agropecuarios e industriales, sino que también fortalecerá los lazos culturales y políticos con sus vecinos.
Los más recientes informes del Banco Central señalan que en el primer semestre de 2024, Bolivia registró una inversión extranjera directa (IED) neta de 136 millones de dólares, marcando una recuperación significativa en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando la IED fue negativa, alcanzando los -74 millones de dólares.
Mientras, durante la gestión pasada Perú logró captar 7 mil millones de dólares de inversión, Chile superó los 21 mil millones y Colombia recibió más de 13 mil millones de dólares. Todo esto fue posible a la seguridad jurídica que ofrecen estos países, y a un sistema judicial que ofrece las garantías necesarias al inversionista.
La seguridad jurídica es crucial para el desarrollo de un estado de derecho y para fomentar la confianza en el sistema legal, lo que a su vez contribuye al desarrollo económico y social de un país. Bolivia necesita inversionistas y el Gobierno debe abrirles las puertas, dando las garantías para que puedan llegar y desenvolverse en un escenario de respeto mutuo.
El autor es Economista, Académico de Número de la ABCE y Presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP).