El Gobierno de Argentina, a través de una resolución anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Desregulación y Modernización Federico Sturzenegger, prohibió la asignación hereditaria de cargos en la administración pública. Hasta ahora, esta práctica permitía que familiares o cónyuges de empleados fallecidos accedieran a sus puestos de trabajo en organismos como la AFIP, Banco Central y Banco Nación.
Según el comunicado, esta medida profundiza la política de reducción del Estado, que incluyó un recorte del 15% de la plantilla pública y el impulso de jubilaciones. La prohibición incluye controles sobre convenios sindicales que intenten incluir estos beneficios.
Este cambio busca terminar con los privilegios que colocaban a empleados estatales por encima de otros trabajadores, promoviendo el acceso a cargos públicos solo por mérito. La decisión reabre el debate sobre la igualdad de oportunidades y la eficiencia en la administración pública.
El gobierno asegura que la medida responde a principios de igualdad establecidos en la Constitución Nacional.
Afecta a instituciones en todos los niveles, eliminando prácticas medievales de «casta laboral».
Refuerza la política gubernamental de reducir la planta estatal y racionalizar su funcionamiento.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Modernización, Federico Sturzenegger, anunciaron que el Gobierno firmó una resolución para prohibir los cargos hereditarios en la administración pública.
La medida prohíbe que familiares y cónyuges de empleados estatales fallecidos ocupen sus puestos de trabajo en reemplazo.
Adorni recordó que esta facultad, desterrada durante el gobierno de Mauricio Macri y vuelta a instaurar por la gestión de, Alberto Fernández, estaba explícitamente incluida en estatutos y reglamentos de la AFIP, el Banco Central y el Banco Nación, entre otros organismos del Estado.
«El delirio que se está sepultando es parte de la misma lógica que reinaba en la Argentina hasta el 10 de diciembre», sostuvo el vocero presidencial. A partir de ahora, los cargos se asignarán por mérito y esfuerzo. «En esta Argentina, nadie tiene sangre azul», agregó.
De acuerdo con un comunicado enviado por la cartera de Sturzenegger, con esta medida, «se profundiza la estrategia de racionalización del tamaño del Estado, que ya logró el recorte del 15% de la planta del personal público y la intimación para que se jubilen sin demoras aquellos empleados que están en edad de retiro».
«Este ilógico privilegio colocó a los empleados públicos por encima del resto de los trabajadores de la Argentina. Pero, de ahora en más, quien ocupe un puesto en el Estado será elegido solamente por su idoneidad. Para decirlo con claridad, nunca deberían haber existido estas ventajas, porque la propia Constitución Nacional estableció en su artículo 16 que ´la Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad», señaló el parte de prensa.
El comunicado remarcó además que la práctica de heredar cargos públicos se mantuvo en varias instancias del Estado y que aunque hubo intentos previos para erradicarla, la costumbre fue restaurada. «En 2018, el Banco Central había eliminado esta posibilidad, pero en 2022 fue reintroducida en el estatuto de ese organismo», reafirmaron desde el ministerio que dirige Sturzenegger, y aclararon: «Hoy en día, tanto en niveles nacional, provincial como municipal existen normas que consolidan esta herencia de cargos públicos, especialmente mediante convenios colectivos».
IMPLEMENTACIÓN Y CONTROLES
Con el nuevo decreto, la Secretaría de Trabajo no homologará ninguna convención colectiva de trabajo que incluya beneficios de este tipo. Esto significa que los acuerdos sindicales deberán ajustarse para eliminar estas prebendas si desean recibir la validación oficial, adelantó el Gobierno.
Los ejemplos de convenios que incluyen beneficios hereditarios son numerosos en la administración pública nacional, y en muchos casos, están profundamente arraigados en los estatutos de distintos organismos.
Ejemplos claros de esta práctica se encuentran en diversos organismos: en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), donde la designación de un hijo o cónyuge de un agente fallecido puede realizarse de inmediato. Amses otorga prioridad en el ingreso a familiares de empleados fallecidos, y en el Banco Nación, el Banco Central y YPF también existen disposiciones para el ingreso de hijos de empleados fallecidos o retirados, repasó el comunicado.
También Ferrocarriles Argentinos, a través de la Unión Ferroviaria, permite que familiares de empleados fallecidos, jubilados o retirados puedan postularse a cargos, siempre que cumplan con los requisitos del puesto.
A través de un artículo publicado esta semana, Infobae expuso el tema al contar que el diputado Alejandro Bongiovanni (del PRO de Santa Fe) había presentado un proyecto de ley para prohibir las prioridades de acceso al empleo estatal. El legislador había explicado que «es común a varios órganos del sector público» y que «si un empleado o funcionario fallece y su hijo puede optar por heredar el cargo, es un privilegio (privus legalis) demasiado grosero. Es medieval. Es endogámico. Es casta en sentido literal del término: ‘grupo social al que se pertenece por nacimiento'». (Infobae)