La crisis económica que vive el país desde el 2014 se va agudizando, debido a la caída de los ingresos del gas. A la fecha, la inflación superó a la estimada y el déficit superará el 10%, registrará un bajo crecimiento, de acuerdo a estimaciones de economistas.
La actual crisis económica que vive Bolivia ha comenzado el 2014, principalmente, por la caída de la producción e ingresos hidrocarburíferos, a pesar de ello, el gasto estatal se mantuvo elevado y creciente, dando lugar a 11 años consecutivos de déficit fiscal. El 2023 representó el 11% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir 5.011 millones de dólares, según el análisis del presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero.
Eso ha desencadenado en el desabastecimiento de carburantes, escasez de dólares y una inflación creciente en el país. Si a esto se le suma la poca gobernabilidad, conflictos políticos, sociales y los bloqueos que ya generaron más de 1.700 millones de dólares, las expectativas son negativas y rodeadas de mucha incertidumbre, indicó.
Romero estima que la presente gestión cerrará con un crecimiento que oscilará entre 1,5% a 2,5%; una inflación de 8% a 12%; un déficit fiscal de 10% del PIB; una deuda pública de 85% del PIB; una ejecución pública entre 50% a 60%; y finalmente, con Reservas Internacionales Netas (RIN) de 2.000 millones de dólares, debido al alza del precio del oro.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó un crecimiento para Bolivia de 1,6% y para el 2025 de 2,2%; el Banco Mundial fija su proyección en 1,4% y para la próxima gestión sólo 1,5%.
Además, en su último informe de perspectivas, el FMI estima que Bolivia cerrará con una inflación de 6%, un déficit de 10%, cuya cifra se repetiría en 2025.
Sin embargo, el analista económico, Juan Antonio Morales, se inclinó por la cifra de crecimiento proyectada por el FMI de 1,6% y cuestiona el déficit fiscal registrado en los últimos años, en promedio de 7%.
Asimismo, advierte que “el registrado en 2023 de casi 11%, es muy alto y no sostenible; y el Gobierno se financia solo imprimiendo dinero”.
El déficit fiscal ideal es 3% del PIB y no 11%, apuntó.
Bloqueos agudizan
la crisis
Los bloqueos que se registran en el país agudizará la crisis y de no levantarse la medida llevará a la economía nacional al colapso, de acuerdo con el titular de la Cámara de Industrias, Comercio y Turismo (Cainco) de Santa Cruz, Jean Pierre Antelo.
Entretanto, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia demandó ayer a los dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS), al Gobierno y a los sectores sociales movilizados que “cesen el bloqueo de carreteras, viabilicen el retorno a la normalidad, respeten el derecho a la libre circulación y solucionen sus problemas internos en el marco de la racionalidad, la responsabilidad y el diálogo”.
Mediante un comunicado público, la entidad que aglutina a 28 sectores privados de todos los rubros, advirtió que los riesgos del aumento de la pobreza, la debacle del aparato productivo, el cierre masivo de empresas, la crisis energética, los desastres climáticos y la inflación incontrolable “no se pueden enfrentar ni prevenir si los líderes continúan optando preferentemente por la lucha por el poder y la división del país”.
En sus redes sociales, el analista económico Gonzalo Chávez explicó que no podrán implementarse políticas anticrisis si es que los actores políticos no se ponen de acuerdo, por lo tanto, es vital que dialoguen para pacificar el país.
“En estos momentos, Bolivia necesita retomar la paz, la estabilidad y la obediencia a la Ley; no podemos seguir destruyendo la economía, cuando nos enfrentamos a una crisis que está dañando a toda la población, especialmente la más vulnerable”, señala el documento, cuyo contenido es producto del análisis realizado en una reunión nacional de los sectores privados el miércoles, en la sede de Gobierno.
En otra parte del comunicado, los empresarios indican que los bloqueos socavan la estabilidad de varios sectores económicos, generan enormes pérdidas a la producción, el comercio, las exportaciones y el transporte, y dificultan la provisión de bienes y servicios.
También afirman que el conflicto es causado por la confrontación política que “está ocasionando daños irreparables a la economía, propicia la vulneración de los derechos de toda la población, activa la polarización social, profundiza el debilitamiento extremo de las instituciones, conduciéndonos al borde de un escenario de enfrentamiento y conflictividad generalizada”.
“Las diferencias políticas o ideológicas deben resolverse en el ámbito del debate parlamentario, el sistema judicial y la institucionalidad democrática y no en el bloqueo, el conflicto, las amenazas, y la confrontación fratricida. Los intereses, visiones o reivindicaciones de un grupo no pueden conculcar las garantías de todos y sus discordias no pueden vulnerar los derechos de quienes quieren trabajar, producir y progresar”, concluyen.
Los sectores que conforman la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), además de los productores agropecuarios y los pequeños empresarios, han sido los más afectados por el bloqueo que ya alcanza los 18 días de permanencia. Según datos señalados por el presidente del Estado, Luis Arce, hasta la fecha el conflicto ha generado pérdidas por 1.700 millones de dólares y afecta con mayor rigor al sector productivo del departamento de Cochabamba, aunque los bloqueos se han presentado también en carreteras de La Paz, Oruro, Potosí y Santa Cruz.
