Los pueblos indígenas de Alto Paraguá del municipio de San Ignacio de Velasco, ubicado en el departamento de Santa Cruz, otorgaron a la Alcaldía un plazo de 30 días para atender los avasallamientos en sus territorios, advirtiendo con tomar medidas drásticas de no obtener una respuesta adecuada, dijo a EL DIARIO el dirigente Jordy Suárez.
El dirigente denunció la invasión de aproximadamente 1.000 hectáreas de tierras comunales, ocupadas por grupos denominado “interculturales” que se sabe están vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS), que han provocado deforestación y quemas que afectan los ecosistemas y modos de vida locales.
Para buscar una solución efectiva a todas las demandas los indígenas marcharon más de 120 kilómetros desde Alto Paraguá hasta San Ignacio de Velasco.
La mesa técnica creada para coordinar la protección territorial propuso la agilización de trámites administrativos, pero la falta de consenso frustró los intentos de lograr un acuerdo.
Luego que la marcha arribó a San Ignacio de Velasco se realizaron reuniones técnicas en cinco mesas de trabajo con diversas instituciones, incluyendo la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) y la Policía.
Sin embargo, en la mesa técnica sobre asentamientos ilegales se registró la ausencia recurrente del alcalde Ruddy Dorado, representantes del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y de la Fiscalía ha impedido avances concretos.
Jordy Suárez, reiteró al Decano de la Prensa Nacional, que si las autoridades no cumplen con la exigencia de poner solución a este tema en el plazo dado, los comunarios tomarán medidas de presión mucho más contundentes.
Los pueblos afectados también piden la construcción de infraestructura básica, como pozos y la mejora de rutas, para beneficiar a las comunidades y asegurar un desarrollo sostenible en la región.
Entre los temas tratados en estás mesas se destacan las demandas de los indígenas para que se aceleren los procesos de permisos de chaqueo y la implementación de medidas administrativas para reducir el tiempo de respuesta.
La ABT informó sobre los procedimientos en curso y suspendió algunas tomas de tierras en espera de un acuerdo que aborde tanto la protección ambiental como la necesidad de regularizar territorios comunales, que según los indígenas son cruciales para evitar daños adicionales en sus áreas protegidas.
Además, se incluyeron otros puntos, como la construcción de pozos para las comunidades de Santa Rosita de Lima y San Ignacio del Colorado, el mantenimiento de rutas clave para la conectividad local y la agilización de trámites gratuitos de personerías jurídicas para las comunidades indígenas de la región, indicó Jordy Suárez. (San Ignacio de Velasco, EL DIARIO)
