Human Rights Watch (HRW) alertó ayer del riesgo que la enmienda a ley sobre espionaje propuesta por el Gobierno de Turquía, representa un riesgo para periodistas, defensores de Derechos Humanos y otros actores civiles, pidiendo al Parlamento del país que la rechace por su carácter “vago y demasiado amplio”.
“La enmienda dotaría al Gobierno de poderes para manchar a las organizaciones legítimas de Derechos Humanos, los medios de comunicación y otros sectores de la sociedad civil como espías o enemigos del Estado, desacreditando e incluso criminalizando su trabajo”, explicó el director para Europa y Asia Central de HRW, Hugh Williamson.
El representante regional de la ONG criticó “vaga redacción” de la mencionada enmienda e insistió en que el Parlamento turco debería desecharla, alegando que “plantea un grave riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión, asociación y reunión” y que un proyecto legal como este “no tiene cabida en un país democrático”.
Williamson recalcó, además, que la propuesta no solo es “incompatible con las obligaciones de Turquía en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)”, sino que su falta de concreción hace que no cumpla con los estándares de “legalidad” del Derecho Internacional.
“Para ser válidas, las leyes deben ser lo suficientemente claras como para que una persona promedio pueda prever razonablemente las consecuencias de sus acciones y, en particular, cuándo pueden violar la ley. El proyecto de artículo no cumple esa prueba en muchos aspectos”, sostuvo.
CONTRA “INTERESES ESTRATÉGICOS”
La generalidad con la que fue redactada la enmienda abre la puerta también a una situación especialmente delicada para aquellos medios de comunicación y organizaciones civiles que reciben financiación extranjera legal y a los que se les puede exigir que presenten informes de contabilidad o transparencia.
El Estado podría valerse de esta nueva ley para “criminalizar” la acción de estos individuos y entidades, a los que podrían acusar de actuar “según los intereses estratégicos de un estado o una organización extranjera”, apuntó el director interino del programa para Europa y Asia Central de la Comisión Internacional de Juristas, Temur Shakirov.
“Es de vital importancia que los parlamentarios que se preparan para votar sobre este nuevo proyecto comprendan su naturaleza expansiva y vaga y lo rechacen”, señaló Shakirov, poniendo el foco en el “largo historial” de Turquía a la hora de “tratar el trabajo de Derechos Humanos como hostil a los supuestos intereses del Estado y de criminalizar el trabajo en favor” de los mismos.
La enmienda en cuestión, titulada “Cometer delitos contra la seguridad o los intereses políticos del Estado”, prevé añadir al Código Penal turco un nuevo artículo que tipifica como delito agravado el delito contra la seguridad del Estado.
Más concretamente, dispone que un delito contra la seguridad del Estado o contra “sus intereses políticos internos o externos” podrá ser castigado con entre tres y 24 años de cárcel, si se comete “en interés estratégico o por orden de un Estado u organización extranjeros”.
Distintos grupos de Derechos Humanos, medios de comunicación y otros grupos de la sociedad civil turca se pronunciaron en contra de “lo que esta nueva ley supone para su trabajo legítimo”, haciendo constar su preocupación ante el riesgo de que pueda ser utilizada en su contra por “acusaciones falsas de espionaje para estados u organizaciones extranjeras”. (EP)