Piden a Bukele ser responsable con víctimas de guerra civil en Salvador

La organización de derechos humanos Tutela Legal María Julia Hernández pidió al Gobierno de Nayib Bukele ser “responsable” con las reparaciones para las víctimas de la guerra civil de El Salvador (1980-1992), principalmente por las desapariciones.
“Pedir al Gobierno que actúe como una entidad responsable sobre las situaciones que padece la población, la reparación por excelencia, en este caso, es la Justicia”, sostuvo el director de Tutela Legal, Ovidio Mauricio.
Mauricio llamó además a que se juzgue y condene penalmente “a quienes violentaron los derechos humanos” y cuya autoría principalmente se le atribuye al Ejército salvadoreño. “No sabemos por qué el Estado no hace lo que le corresponde, hacer justicia en estos casos, juzgar a esos militares. Creemos que hay un acuerdo entre ellos para no juzgarse”, lamentó el defensor de derechos humanos.
Representantes de esta organización, así como familiares de víctimas y sobrevivientes de la guerra presentaron ofrendas florales en el Monumento a la Memoria, en la capital salvadoreña, para recordar a miles de personas asesinadas y desaparecidas en el marco del conflicto interno.
David Ortiz, abogado de Tutela Legal, señaló que una propuesta de ley de reparación presentada al Congreso, por tercera ocasión desde 2019, incluye un apartado para el acceso a la Justicia para las víctimas. Recordó que una sentencia de inconstitucionalidad de 2016, que anuló una amnistía de 1993, ordenó al Parlamento emitir una normativa de justicia transicional, misma que no se promulgó.
“Todos los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa que ejercieron el cargo posteriormente a la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía cometieron desacato”, apuntó el letrado y recalcó que las bancadas vigentes también incurren en este delito al no aprobar la referida norma.
Entre 1980 y 1992, la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se enfrentó a las Fuerzas Armadas de El Salvador, financiadas por los Estados Unidos, en un conflicto que dejó 75.000 muertes y entre 8.000 y 10.000 personas desaparecidas.
La Ley de Amnistía frenó por décadas los procesos penales por crímenes de lesa humanidad cometidos en la guerra civil, principalmente por el Ejército salvadoreño, y su anulación permitió la reapertura de casos, como la masacre de El Mozote. Sin embargo, las organizaciones humanitarias aseguran que estos procesos se mantienen paralizados, especialmente después de una reforma judicial impulsada por el partido de Bukele, Nuevas Ideas, que obligó a jubilar a buena parte de los jueces. (DW)