Instituciones en estado de deterioro

Debido a la decisión de una fiscal de Tarija para enjuiciar al expresidente Evo Morales Ayma, por estupro y trata y tráfico de personas, sus partidarios rechazaron esa medida argumentando que no es confiable la administración de justicia actual y que no garantiza un trato imparcial. Tal actitud resulta insólita, considerando que, precisamente, desde la asunción del MAS al poder, en 2006, comenzó un proceso de deterioro de las instituciones.
Entonces se dio rienda suelta a copar todas las entidades que eran de interés del partido azul. Los cargos públicos fueron objeto de alegre reparto entre masistas, sin que sean considerados, en muchos casos, los méritos académicos o técnicos. Como consecuencia, quienes habían apoyado al MAS en las manifestaciones callejeras o contribuyeron económicamente a campañas electorales de esa tienda política, resultaron favorecidos con puestos en ministerios, consulados, embajadas, etc.
Como es lógico, se multiplicaron los casos de corrupción, negligencia, nepotismo, deficiente gestión e inclusive papelones a nivel internacional, sin que, empero, se hicieran las correcciones oportunas, por lo que la imagen del país sufre hasta ahora grave deterioro. Tampoco se olvida que organizaciones sindicales fueron divididas si sus dirigentes no se mostraban sumisos ante el oficialismo. Por ello aparecieron organizaciones paralelas, obviamente para apoyar a gobiernos masistas. Como consecuencia, han sido debilitados organismos que, en el pasado, por ejemplo, defendían a los trabajadores ante cualquier arbitrariedad contra ellos.
Y, sin duda, la administración de justicia ha sido la que más deterioro muestra, pues a rajatabla se ha impuesto la elección de magistrados por voto popular, en cuyo proceso de preselección ha sido visible la manipulación para que candidatos afines al partido azul también copen esos puestos. Por ello la ciudadanía ha expresado anteriormente su rechazo en las urnas mediante ausentismo o votos blancos o nulos. A pesar de ese fracaso, debido a falta de transparencia, el oficialismo insiste en seguir con ese método para elegir a magistrados.
Ciertamente, numerosos hechos confirman que al MAS le interesa tener bajo su dominio a las instituciones públicas, sin comprender que de esa manera se daña a la democracia. Hasta regimientos militares son tomados por bloqueadores en el Chapare, sin la correspondiente reacción estatal. Es necesario entender que solo con organismos públicos que tengan personal capacitado y que no estén bajo injerencia política, los ciudadanos podrán llegar a ellos para hacer respetar sus derechos y cumplir sus obligaciones con el Estado. En tal sentido, la Constitución Política debería ser el eje sobre el que funcionen todas las instituciones.
En el caso del cocalero Morales, si realmente “todos somos iguales ante la ley”, como el masismo pregona desde hace casi 20 años, es momento de que compruebe lo que soportan miles de litigantes cuando son procesados por capricho o se les aplica la “detención preventiva” por tiempo indefinido.