Un total de 197 estados y la Unión Europea (UE) afrontan desde ayer en Bakú (Azerbaiyán) el reto de aumentar la financiación climática internacional, sin olvidar concretar medidas para rebajar las emisiones, dos de los ejes principales de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (COP29), que tendrá lugar del 11 al 22 de noviembre.
La cumbre se celebra dos semanas después del cierre de la COP16 de Biodiversidad de Cali (Colombia), que también tuvo la financiación como uno de sus temas centrales y que cerró sin acuerdo económico para proteger la biodiversidad para 2030 por falta de quórum.
De acuerdo con el análisis de la compañía Moeve, lo que determinará el éxito de la cumbre será el acuerdo del Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado, un elemento del Acuerdo de París diseñado para establecer una meta financiera para apoyar a las naciones en desarrollo en sus acciones climáticas tras 2025. El actual es de 100.000 millones de dólares al año y se considera insuficiente. Sin embargo, no hay consenso sobre la cantidad exacta ni respecto a qué fórmulas emplear para aumentar su ambición, tal y como detalla Moeve.
De esta manera, algunos países en desarrollo piden que la financiación anual aumente hasta un billón europeo de dólares mediante financiación exclusivamente pública, cifra y modo en el que coinciden los ecologistas. Al otro lado, la mayoría de países desarrollados, así como la UE abogan por una financiación multinivel con un objetivo de financiación pública menos ambicioso complementado con fondos privados.
Al margen de ello, Moeve explica que se va a trabajar en «dos vías paralelas». Una de ellas está centrada en posibilitar la acción climática. En las discusiones en torno a ella, se va a negociar sobre el aumento de las contribuciones al Fondo de Pérdidas y Daños; el incremento de la transparencia en la financiación climática; y la puesta en marcha de los mercados de carbono.
La otra vía es la de la potenciación de la ambición climática. De acuerdo con el análisis, la cumbre será «un momento clave para sentar unas bases comunes de coordinación y transparencia» de cara a la renovación de los Planes de Lucha contra el Cambio Climático de los países, que deben actualizarse el próximo año. Además, las Partes tratarán de definir mecanismos para aumentar el apoyo al desarrollo e implementación de estrategias nacionales de adaptación. Por último, intentarán mejorar los mecanismos de transparencia y acción colaborativa en el marco de las cumbres.
ECOLOGISTAS RECLAMAN
Las organizaciones ecologistas volvieron a reclamar, en declaraciones a Europa Press, que «el norte global» aumente su contribución y, en el caso de Greenpeace y Amigos de la Tierra, que se haga pagar a la industria de los combustibles.
Con respecto al Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado, Ecologistas en Acción avisa que, según la ciencia, debería hablarse de «trillones de dólares». Por su parte, SEO/BirdLife pide «sinergias» entre este Objetivo y las metas del Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica, fruto de la COP15 de Biodiversidad de 2022.
Si bien hay más atención puesta en la COP30 del año que viene, que se celebrará en Brasil, en la que los países van a tener que presentar una nueva ronda de sus Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC), los ecologistas esperan que en Bakú se concreten más las medidas que se barajan para reducir emisiones. Por ejemplo, WWF insistió en la importancia de ver «calendarios» sobre las acciones que van a tomar para abandonar los combustibles fósiles.
La opinión de algunas de las organizaciones ecologistas con respecto a la cumbre viene marcada por la DANA de Valencia, que según los científicos de World Weather Attribution fue un 12% más fuerte y dos veces más probable por el cambio climático. En este sentido, Greenpeace opina que la catástrofe ha mostrado la «urgencia» de poner recursos económicos al servicio de la reparación de las pérdidas y daños y de implementar planes de adaptación frente a los impactos del cambio climático.
ASISTENCIA DE PEDRO SÁNCHEZ
De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, optó por asistir a la cumbre, donde viajará este martes 12 de noviembre, después de que la DANA haya puesto de manifiesto el desafío que plantea el reto climático, según informó Moncloa.
Está previsto que Sánchez participe en una mesa redonda sobre financiación climática y en la presentación del informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el impacto que el cambio climático tiene en la salud, además de intervenir en el plenario principal junto al resto de líderes mundiales.
La cumbre también comienza pocos días después de que, Donald Trump, haya sido elegido presidente de Estados Unidos (EEUU), entre otras promesas, el compromiso de retirar al país del Acuerdo de París tal y como hizo en 2020. Como es tradición en EEUU, no va a asumir el cargo hasta principios de enero, cuando se celebrará su inauguración.
Mientras, el Departamento de Estado de la Administración Biden todavía recoge que una delegación estadounidense se desplazará a Bakú para «trabajar con socios internacionales en el avance de los esfuerzos globales para responder a la crisis climática».
La cumbre, la más importante centrada en estos asuntos a nivel internacional, reunirá a representantes de la sociedad civil, del sector privado y activistas. Algunos embajadores del Pacto Climático Europeo, «movimiento de personas que están dando pasos para construir una Europa más sostenible», subrayaron antes de la apertura la necesidad de conseguir el establecimiento de un marco de financiación climática «inclusivo» durante las negociaciones. En este marco, reclamaron acciones urgentes contra el cambio climático y el cumplimiento de los compromisos medioambientales internacionales. (EP)