En el mundo digital actual, el acceso a internet ha dejado de ser un lujo, para convertirse en un derecho esencial. Reconocerlo como un derecho humano refleja la importancia de la conectividad para la vida moderna, ya que la capacidad de acceder a la información, la educación y la participación ciudadana depende en gran medida de la infraestructura digital. La creciente demanda de un acceso equitativo y su relación con otros derechos básicos han impulsado un movimiento global para regular y proteger este derecho.
México se ubica como uno de los países pioneros en América Latina al reconocer el acceso a internet como un derecho constitucional. La reforma del artículo 6º de la Constitución en 2013 establece que el Estado debe garantizar el acceso a las tecnologías de la información, telecomunicaciones e internet, con un énfasis en la banda ancha. A través de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el gobierno mexicano se comprometió a expandir la cobertura, desarrollar infraestructura y asegurar tarifas asequibles, todo regulado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Sin embargo, la brecha digital en áreas rurales y la calidad de los servicios siguen siendo desafíos pendientes.
A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha avanzado en el reconocimiento del acceso a internet como un derecho clave. En 2016, la ONU adoptó la resolución A/HRC/32/L.20 que establece que el acceso a internet es fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión y otros derechos humanos. Además, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluyen la meta 9.c, que busca aumentar el acceso a las TIC, especialmente en los países menos desarrollados. Europa ha seguido un camino similar con el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, que establece el acceso universal a banda ancha como un derecho básico.
Estonia, un pequeño país báltico, es un ejemplo sobresaliente en cuanto a la digitalización e inclusión digital. Desde el año 2000, declaró el acceso a internet como un derecho fundamental. Su programa «e-Estonia» ha digitalizado el 99% de los servicios gubernamentales, logrando una cobertura de banda ancha en todo el territorio. Finlandia, por su parte, fue el primer país en el mundo en garantizar legalmente la banda ancha en 2010, asegurando velocidades mínimas para todos sus ciudadanos, lo que contribuye a una mayor inclusión digital, incluso en zonas rurales. En América Latina, Costa Rica también se ha destacado con la sentencia de su Sala Constitucional en 2010, que reconoció el acceso a internet como un derecho humano, implementando políticas de conectividad a través de Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL).
En los países en desarrollo, las políticas de inclusión digital han sido variadas. India ha lanzado el ambicioso programa «Digital India» para promover el acceso a la infraestructura digital a nivel nacional. Brasil, con su Marco Civil da internet, ha liderado el reconocimiento a los derechos digitales, mientras que Colombia, con su plan «Internet para Todos», ha buscado expandir el acceso a zonas rurales. Sin embargo, estos esfuerzos se ven limitados por la desigualdad socioeconómica, la falta de infraestructura y los altos costos de implementación.
Respecto a Bolivia, el acceso a internet ha experimentado un crecimiento constante. Según la Autoridad de Regulación y Supervisión de las Telecomunicaciones y Transportes (ATT), al cierre de 2023, el 91% de la población utiliza internet móvil, mientras que el 56% cuenta con conexión fija en sus hogares. Esto representa un aumento del 1% respecto al año anterior, evidenciando una mayor penetración de los servicios de internet.
Con 11.077.615 líneas móviles con acceso a internet, el servicio móvil se ha consolidado como la principal vía de acceso a la red. Por su parte, el internet fijo, principalmente a través de fibra óptica (con 1.365.535 conexiones), ha alcanzado a más de la mitad de los hogares. Santa Cruz se posiciona como el departamento con mayor número de conexiones, tanto fijas como móviles, seguido de La Paz y Cochabamba. La cobertura de internet satelital es completa a nivel nacional, y las operadoras se encuentran comprometidas con la expansión de la tecnología 4G en todos los municipios.
A pesar de los avances en la legislación y la inversión en infraestructura, muchos países aún enfrentan una significativa brecha digital. Las zonas rurales siguen rezagadas en términos de conectividad, lo que profundiza la desigualdad en el acceso a oportunidades de educación y empleo. Además, los desafíos tecnológicos, como el mantenimiento y actualización de redes, requieren inversiones constantes. Sin embargo, las alianzas público-privadas y los subsidios específicos pueden ser estrategias efectivas para mejorar la conectividad y garantizar que nadie quede excluido en la era digital.
El acceso a internet requiere más que su reconocimiento en los marcos legales: es fundamental que los Estados implementen políticas públicas inclusivas, inviertan en infraestructura robusta y promuevan la alfabetización digital. Los ejemplos internacionales demuestran que un enfoque integral, que combine regulación y acción efectiva, es clave para cerrar la brecha digital y asegurar que todos los ciudadanos puedan participar plenamente en la economía y sociedad digital.
El autor es politólogo-abogado y docente universitario.
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