En la frontera amazónica del Beni, en Guayaramerín, una medida gubernamental ha desencadenado una crisis humanitaria sin precedentes. El Decreto Supremo 4.910, con su ración de combustible de 50 litros por mes, es una sentencia de muerte para el transporte público, afectando la vida, la economía y la dignidad de sus ciudadanos.
La escasez de combustible paraliza el transporte de dos, tres y cuatro ruedas, dejando a miles de personas sin acceso a servicios básicos. El comercio se desploma, la producción y la industria se ahogan, Guayaramerín se convierte en un pueblo fantasma, porque existe una ausencia de Estado, que lo ve con indiferencia, dándole un trato cruel y ruin, al condicionar la compra de 50 litros adicionales al precio internacional de las gasolinas o diésel, sin la autorización de la Dirección General de Sustancias Controladas. Se coloca a la población en una categoría degradante, obligándola de manera lesiva y por necesidad a adquirir combustible en condiciones discriminatorias, mientras la desesperación se apodera de los hogares.
¿Cómo llegar a la escuela, al hospital o al mercado sin combustible? La respuesta es aterradora: A pie, con hambre y sin esperanza.
Exigimos al gobierno que revise esta medida. La discriminación fronteriza debe cesar inmediatamente.
Necesitamos una solución inminente, que salve nuestra economía y nuestra dignidad.
El Decreto Supremo 4.910 es un atentado contra la vida de esta región, guardiana de la soberanía fronteriza.
¡No podemos esperar más! Exhortamos a las autoridades a escuchar nuestra voz, que es la voz del pueblo, interviniendo con justicia y humanidad.
Guayaramerín merece vivir. ¡Es hora de actuar!
El autor es abogado beniano, hijo de Guayaramerín.