Pugna “masista” perjudica a todos los espacios y órganos del Estado

Cuestionando que las normativas planteadas para abrogar el denominado “paquete de leyes incendiarias” se hayan estancado en la Cámara Baja, la segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Toribia Lero, lamentó que la pugna interna en el Movimiento al Socialismo (MAS) haya sido trasladada a todos los espacios de la administración pública, afectando drásticamente al Estado boliviano.
Destacando la celeridad con la que el Senado trató y aprobó varios proyectos de ley destinados a dejar sin efecto normativas cuestionadas por fomentar las quemas descontroladas y el desmonte con la finalidad de ampliar la frontera agrícola, Lero reprochó que esta situación no se haya replicado en Diputados.
En criterio de la legisladora representante del departamento de Cochabamba, la Cámara Baja es constantemente perjudicada por la disputa “masista” que ha sido trasladada hasta esta instancia afectando el trabajo camaral como el tratamiento de las leyes ya mencionadas.
“Ninguno de los diputados ‘arcistas’ o ‘evistas’ han querido aprobar, ni siquiera tratar estas leyes”, afirmó la diputada.
Asimismo, aseguró que estás disputas partidarias no solo afectan el buen funcionamiento de instancias como la ALP, sino que se ha extendido a otras reparticiones estatales e incluso daña a otros órganos del Estado.
“Lamentablemente las peleas son por todo, sus disputas internas las han trasladado a todos los espacios (de la administración pública), afectando al Estado boliviano”, dijo.
Para la diputada de oposición, la crisis interna del MAS impide a todas las fuerzas políticas trabajar con normalidad en el Legislativo, demostrando que miembros del partido azul, entre “evistas” y “arcistas”, carecen de voluntad para anteponer los intereses del país por sobre sus peleas internas.
Asimismo, sostuvo que los conflictos internos en el oficialismo, como la definición de las presidencias y miembros de las directivas camarales, son temas que debieron haberse solucionado de forma interna, evitando que esta disputa de partidaria se traslade a la Asamblea Legislativa, hecho que derivó en recientes sesiones bochornosas e incluso graves amenazas contra varios legisladores de las bancadas oficialistas y opositoras.
Sobre los aprestos para el inicio de las sesiones correspondientes a la legislatura 2024-2025, la asambleísta informó que se tiene prevista para esta semana la realización de una reunión de coordinación para definir una agenda de actividades, en las que se prioricen las necesidades del país antes que cualquier disputa partidaria.
Además, puntualizando que son asambleístas del Movimiento al Socialismo, sobre todo del ala “evista”, quienes constantemente generan trabas en el trabajo legislativo, Lero indicó que en la actual coyuntura, es una necesidad poder garantizar el inicio de sesiones de la presente legislatura para así ya no seguir perjudicando al país.
“Estas peleas internas que tiene el MAS deberían resolverlas en sus instancias partidarias, no debería implicarse de ninguna forma a las instancias del Estado, pero a ellos no les interesa el país y por eso perjudican de esta forma”, concluyó.
Un ejemplo claro de que la pugna “masista” se ha trasladado hasta la ALP perjudicando las actividades de esta instancia, fue la bochornosa sesión convocada para inaugurar la legislatura 2024-2025 y escuchar el informe de gestión del presidente Luis Arce, el pasado viernes 8 de noviembre, cuando parlamentarios del ala “evista” iniciaron una trifulca en pleno hemiciclo parlamentario, hecho que derivó en la suspensión de dicho evento.
Hasta el mes de septiembre del año en curso, la Cámara de Senadores había aprobado los proyectos de ley que disponen la abrogación de la Ley 1171 (de uso y manejo racional de quemas), la Ley 337 (de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques), además de la Ley 741 (de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias) y sus conexas, todas parte del cuestionado paquete de normas denominadas “incendiarias”.
En el caso de la Ley 741, el principal cuestionamiento tiene que ver con que se permita a comunidades interculturales realizar desmontes o quemas de hasta 20 hectáreas sin derecho propietario consolidado, lo que abre la posibilidad de realizar desmontes que generen gran cantidad de quemas y hasta incendios forestales.
Desde el Senado también se hizo hincapié en la necesidad de trabajar una nueva norma que regule este ámbito, toda vez que no se puede dejar un vacío legal.
Días después, la diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, denunció que sus colegas miembros de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, entre oficialistas y opositores, rechazaron la norma para la abrogación de la Ley 1171.
Entretanto, una posterior sesión plenaria de Diputados rechazó modificar su Orden del Día para incluir el tratamiento de los proyectos para la abrogación de las cuestionadas leyes.