Se resolvió apoyar la agroecología, la agroforestería y el ecoturismo, además exigen que se garantice el derecho de los municipios a declararse libres de minería, transgénicos y otras prácticas extractivas que impactan en los ecosistemas.
La Consulta Popular Nacional por la Vida, que nació como respuesta a los incendios, la deforestación y el ecocidio, movilizó a 32.375 personas del país, quienes entre varios puntos exigen que se abroguen las leyes incendiarias, se reviertan las tierras quemadas, decretar pausa ecológica, apoyar la agroecología, la agroforestería y el ecoturismo. Anunciaron que en caso de que estas demandas no sean atendidas, se creará un Tribunal Popular para responsabilizar a las autoridades que bloqueen las medidas necesarias para proteger el medio ambiente.
La medida fue realizada entre el 7 y el 16 de octubre de 2024. Según el informe de los organizadores, se tuvo una participación del 63% de mujeres lideresas que fueron parte de este proceso consultivo.
“Este proceso ciudadano nació como respuesta a los incendios, la deforestación y el ecocidio que han arrasado el país. Queremos mostrar lo que la población está pensando de esta situación porque se han quemado más de 10 millones de hectáreas”, sostuvo la técnica de la PBFC, Andrea Vargas. Esta institución es parte del grupo que impulsó la consulta popular, señala un boletín.
Los resultados de este mecanismo consultivo, realizado de manera virtual y por votos en ánforas y votos en asambleas, evidencian un fuerte mandato de la población boliviana para frenar la devastación ambiental y garantizar el respeto a los derechos de la Madre Tierra y de las comunidades indígenas.
“Vamos a convocar a una marcha nacional porque los resultados de esta consulta son exigir que se abroguen las leyes incendiarias, que se reviertan las tierras quemadas como áreas que no se deben ocupar en al menos 15 años y pedimos que en las nuevas propuestas de ley haya participación de las organizaciones sociales que viven en estos territorios”, dijo a su turno la representante del MAB, Guadalupe Sermenio, cuya institución también impulsó la consulta.
La consulta sobre este punto tiene un 85% de apoyo. Los participantes exigen que estas tierras, especialmente en propiedades medianas y empresariales que incumplen la Función Económica Social (FES), sean declaradas tierras fiscales no disponibles hasta su recuperación. Los ciudadanos advirtieron que, de no cumplirse esta exigencia, se procederá a exigir a las autoridades de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) por incumplimiento de deberes.
Entre los puntos clave de la consulta popular se destaca que el 94% de los votantes exige la abrogación de leyes y decretos que facilitan los incendios y la deforestación en Bolivia. Los ciudadanos también manifestaron la necesidad de implementar una “pausa ecológica” que asegure la restauración de las áreas afectadas por quemas ilegales, con el mismo 94% de respaldo.
La lideresa de las mujeres chiquitanas y de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (Cnamib), Clara Masay, detalló el peligro al que ahora se enfrentan los pueblos indígenas de tierras bajas, tras los incendios como la falta de soberanía alimentaria. “No tenemos qué comer, todo se ha quemado. Hay mucho desastre luego del fuego y nadie viene a arreglar eso. Queman y son impunes”, expresó.
Con un respaldo del 91% en esta consulta popular, se resolvió apoyar la agroecología, la agroforestería y el ecoturismo como opciones viables y exigen que se garantice el derecho de los municipios a declararse libres de minería, transgénicos y otras prácticas extractivas que impactan en los ecosistemas. Asimismo, la población rechaza la autorización de nuevos eventos transgénicos y agrotóxicos peligrosos que amenazan la salud y la biodiversidad en Bolivia.
La lideresa de tierras altas y representante de la nación Jach’a Suyu Pakajaqi, Hermógena Calderón, destacó que los efectos de los incendios y la deforestación en Amazonia y la Chiquitania también impactan en sus territorios con la falta de lluvias. “Si no hay agua tampoco hay alimentos, con qué vamos a producir alimentos en tierras altas. Preocupados por esa situación, también hemos participado de esta Consulta Popular”, manifestó.
Por último, el 90% de los ciudadanos consultados exige que el presupuesto del sector ambiental sea incrementado al 10% del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2025, lo que permitiría una respuesta adecuada a la crisis ambiental, la recuperación de bosques y la protección de áreas. protegidas y comunidades afectadas.
En caso de que estás demandas no sean atendidas, los organizadores de la consulta (organizaciones, instituciones, colectivos, movimientos, plataformas y personas autoconvocadas) anunciaron la creación de un Tribunal Popular para responsabilizar a las autoridades que bloqueen las medidas necesarias para proteger el medio ambiente.