El Gobierno de Javier Milei ordenó retirar la jubilación adicional que venía recibiendo la expresidenta, Cristina Fernández, por su tiempo al frente del país y la pensión derivada de su difunto marido, el antiguo mandatario Néstor Kirchner, al considerar que la ratificación de la condena contra ella por corrupción hace que no sea merecedora de tales pagos.
La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ratificó la condena de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua dictada contra Fernández dentro de la denominada «Causa Vialidad», en la que se examinaron supuestos fraudes en la concesión de obra pública. Pese a que cabe aún recurso en el Supremo, el Gobierno decidió despojarle de ciertos «privilegios».
A través del Ministerio de Capital Humano, resolvió dar de baja los beneficios que le correspondían a Fernández por su etapa presidencial y la asignación personal derivada por pensión. El Ejecutivo esgrimió en un comunicado que es «una necesaria consecuencia» por la «indignidad» de su condena por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El portavoz, Manuel Adorni, confirmó en rueda de prensa que la expresidenta dejará de percibir 21,8 millones de pesos (más de 4.700 euros) e incidió en el «ahorro» que implica para las arcas públicas. En este sentido, afirmó que este tipo de jubilaciones son «un privilegio que no debería existir», especialmente cuando quien la percibe «está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos».
Adorni aclaró en su comparecencia que Fernández seguirá recibiendo los pagos del Estado que le correspondan «de acuerdo a sus aportaciones».
El Gobierno argentino enmarcó la medida conocida ayer dentro del «manto de cordura» que el presidente Milei quiere imponer a la gestión pública, apelando además a la «ejemplaridad». El mandatario insistió desde su llegada al poder en la necesidad de reducir al mínimo la administración y recortar el gasto.(EP)