En el acto celebratorio de los cuatro años del actual gobierno, en su discurso de circunstancias, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca, arremetió esta vez contra la Ley SAFCO, como parte del sistema republicano que sigue vigente en buena medida. Es que, en toda sociedad moderna organizada en Estado, la administración de gobierno tiene una secuencia de instancias, como presupuesto, ejecución y fiscalización. Es decir, todo manejo de recursos económicos debe tener estas instancias.
Ahora bien, el proceso de administración, está normado por la Ley SAFCO, ley No. 1.178 de 20 de julio de 1990, para regular la Administración y Control de los recursos del Estado, es decir, los recursos de todos los bolivianos. La administración y control debe estar relacionada con los sistemas nacionales de planificación e Inversión Pública, es decir, cómo se deben ejecutar las actividades de administración de recursos. Esta importante norma está dirigida a la correcta administración de los recursos públicos, para evitar su mal manejo, y frenar los excesos de los gobernantes o administradores del Estado, que suelen estar poco dispuestos a ajustarse a la ley en su gestión administrativa.
Como vemos, la Ley SAFCO es de primerísima importancia para controlar el manejo de los recursos públicos, que en los países de escaso desarrollo, suelen ser mal administrados y enfocados a la corrupción y el enriquecimiento ilícito de los gobernantes. Por ello nos llama la atención la postura del vicepresidente, contra esta ley, vinculándola al Estado republicano, que como sabemos es el Estado de todos, pues república viene de cosa de todos, como una conquista histórica frente al monarquismo absoluto, donde el Estado era del monarca, de ahí que se decía: “lo que quiere el rey quiere la ley”.
Precisamente una de las causas de la actual crisis institucional del Estado, es la anomia o ausencia de leyes o de su cumplimiento, pues en estas casi dos décadas de gobierno del régimen populista del MAS, han sido dejadas de lado las normas de contratación y adquisición de bienes. Y la Contraloría General del Estado, en la realidad ha desaparecido, ¿o sabe el lector quién es el Contralor?, ¿o ha escuchado algún pronunciamiento de esa oficina sobre tema alguno que tenga que ver con la administración de la cosa pública?
El vicepresidente es uno de los miembros del grupo oligárquico, que en estas casi dos décadas ha ocupado permanentemente diversas funciones, bien rentadas en la cúpula del poder, supuestamente representando a los indígenas del país o, por lo menos, de occidente, y periódicamente lanza en sus alocuciones ataques a las clases medias urbanas, a los mestizos, que somos la mayoría, a la República que está en nuestra Constitución. Es contrario a la educación superior, a la cultura occidental, y su discurso es de división étnica o racista, pues destaca al grupo humano indígena como superior al no indígena.
Nuestro país necesita la unidad de la nación boliviana, y no la diversidad de 36 naciones, la mayoría inexistentes, de un grupo humano con ciertas ventajas en relación a los otros, como la representación producto del voto, una justicia especial y su presencia en el aparato administrativo del Estado, por encima del criterio de méritos académicos etc., cuando desde la Revolución Nacional, se estableció un ciudadano, un voto, la igualdad de todos los ciudadanos, con los mismos derechos y deberes.
Fue en la Guerra del Chaco donde se reflexionó sobre la necesidad de construir la Nación Boliviana, en la que todos los habitantes tengan un sentido de pertenencia a Bolivia, por encima de regiones, grupos étnicos, sociales o de poder, así lo han expresado las Constituciones Políticas a partir de la de 1961. Esa construcción del Estado Nacional Boliviano, fue haciéndose realidad y los grupos sociales fueron identificándose con la patria, sus símbolos y costumbres, y fue el idioma castellano el vehículo de integración y entendimiento entre todos, hasta que apareció en el poder una fuerte corriente étnica, que pretende imponer un grupo étnico sobre los demás. Y la cabeza de esa corriente es precisamente el vicepresidente David Choquehuanca, que arremete contra todo lo que es incómodo a su esquema de poder –de un grupo social sobre los demás–, que ahora es la Ley SAFCO.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.