Los presidentes y representantes de los sectores empresariales de 18 países de América Latina, además de España y Portugal abogan por el diálogo social basado en la cooperación tripartita; el crecimiento económico y la recuperación social; la disminución progresiva de la informalidad y; el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en la región a favor de la inversión.
Los dirigentes nacionales de los sectores privados se reunieron en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, en el marco de la XXXIII Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas al que asistieron más de 1.500 empresarios de América, Europa y Asia, además de especialistas, académicos y líderes en diversos campos, que participaron de una serie de espacios de debate, análisis y reflexión conjunta, sobre los desafíos políticos, económicos y sociales de la región, especialmente los riesgos y las amenazas a la democracia y al desarrollo sostenible.
El Primer Vicepresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Gastón Serrano, quien representó a Bolivia en el evento, ponderó los resultados del encuentro al que calificó como “un espacio oportuno para fortalecer lazos institucionales, que permitió analizar los retos compartidos y fortalecer los principios de desarrollo sostenible, bienestar social y resiliencia”.
“Hemos coincidido que el sector empresarial es un actor fundamental para la economía de los países, especialmente en este momento de profundas transformaciones y grandes desafíos, porque no solamente debe cumplir su rol de generación de riqueza, creador de empleo e impulsor de la modernidad, sino que le compete ahora impulsar la equidad y la inclusión, aportar a la mitigación de los problemas ambientales y promover la sostenibilidad del desarrollo”, señaló Serrano.
La “Declaración de Cuenca” fue presentada a los Jefes de Estado y de Gobierno que asistieron a la XXIX Cumbre Iberoamericana, también será socializada entre los miembros del Consejo Empresarial Iberoamericano, que aglutina a 33 millones de empresas de 22 países.
Una de las conclusiones de la reunión internacional señala que “no es viable tener un entorno favorable para el desarrollo económico, si la democracia y el Estado de Derecho están en riesgo y bajo constante amenaza y no se aseguran los derechos fundamentales como la libertad de expresión, opinión, asociación, el derecho de propiedad y el respeto al rol de la iniciativa privada”.
Los privados también consideraron relevante la necesidad de impulsar la generación de entornos sostenibles para la inversión y la competitividad. Al respecto, el documento sugiere a los gobiernos reducir barreras regulatorias, facilitar acceso al financiamiento y promover la colaboración entre ecosistemas empresariales y académicos.
“Debemos crear entornos económicos estables y predecibles para atraer capital y dar confianza a los inversionistas. “Solo así podremos constituirnos en una región de referencia en innovación, donde las empresas prosperen y contribuyan al bienestar de nuestras comunidades”, señala la Declaración.