Cinco personas, entre ellas un exmiembro de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), que se encontraban secuestradas desde la semana pasada por pobladores de la comunidad de Pucamayo, en Corani Pampa (Cochabamba), fueron sometidas a torturas, asesinadas a mano armada y enterradas, en un caso que involucra venta de armamento a bloqueadores en el Chapare, informó el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera.
Producto de los primeros operativos, en los que la Policía desplegó ayer un contingente de 200 efectivos hasta el lugar, se logró la aprehensión de uno de los presuntos autores del múltiple crimen y se realizaron allanamientos en busca de los demás responsables.
“Se ha logrado identificar a Ernesto A. Ch., quien ahora mismo está aprehendido. Estamos realizando allanamientos para detener a Juan A. S., Sergio P., Juan C. y un nuevo afiliado de la comunidad Colomi”, agregó Aguilera.
De acuerdo con el viceministro, el caso está relacionado con un sujeto que fue dado de baja del Ejército, Cristian Cerna, quien habría ofrecido “armamento de guerra” a los comunarios de la zona de Pucamayo haciéndose pasar por militar, para su presunta utilización en el bloqueo “evista” del sector de Parotani, en apoyo al expresidente Evo Morales.
Según explicó Aguilera en conferencia de prensa, Serna recibió el dinero pero nunca entregó las armas porque no las tenía, por lo que fue presionado por los comunarios. Tras contactarse con Tadashi Loroña y Juan Román Medina, exmiembro de la FAB, acudió al lugar por tercera vez en compañía de Loroña, quien condujo un vehículo rojo.
Ahí, ambos son secuestrados sin justificativo, fueron torturados y se les exigió la devolución del dinero a cambio de su libertad. Entonces, Loroña se contactó con su esposa, Trinidad Muñoz, para pedirle que consiga la suma de Bs 27.800 y lo trajese hasta el lugar, indicó el viceministro.
El 13 de noviembre, la mujer llegó al lugar con la suma solicitada, acompañada de su cuñada, Lisa Loroña Mendoza, y de Medina, sin saber que los rehenes ya habían sido ejecutados. Pese a devolver el dinero, los comunarios quemaron el vehículo, torturaron al resto de las víctimas y posteriormente las asesinaron, también con un arma de fuego. Cuando la Policía se constituyó al sitio, resultó ser demasiado tarde.
“Se está procediendo con el desentierro de los cuerpos. La investigación de inteligencia que hemos realizado nos permitió recabar testimonios que confirman que sufrieron lesiones violentas y, finalmente, se les cegó la vida con el uso de escopetas”, declaró ayer la autoridad.
Aguilera indicó que el propio Serna habría sido obligado a cavar su propia tumba, luego de intentar huir del lugar: “Una de las víctimas, el señor Christian Serna, que estaba conduciendo el vehículo que ha sido quemado, logró huir de este lugar, pero fue detenido por las personas e inmediatamente le obligaron a cavar su propia fosa”.
Consultado sobre los móviles de este hecho de sangre, Aguilera señaló que los comunarios habrían cometido el crimen arguyendo el empleo de la “justicia comunitaria” para no dejar testigos vivos, bajo el temor de ser “delatados” sobre su intención de adquirir armamento de manera ilegal, si se dejaba con vida a sus víctimas.
Mientras el contingente policial, junto con la Fiscalía, continúa realizando las pesquisas y allanamientos respectivos, las autoridades acumularán elementos de prueba que incriminan a varios comunarios. “Se va a acumular la suficiente carga probatoria para establecer la responsabilidad material de quienes han actuado en esta turba delictiva, porque mucha gente de esa comunidad también ha participado en esa tortura, de ese asesinato”.
PUCAMAYO Y BLOQUEOS
De acuerdo con el viceministro, Pucamayo es una zona llena de plantaciones de sustancias y vehículos indocumentados. En sus palabras, afirmó, “hemos logrado establecer que en esa área hay plantaciones de algunas sustancias que merecen un tratamiento especial, pero que, además, existen vehículos de carácter indocumentado”.
Pucamayo está ubicada en Corani Pampa, localidad perteneciente al municipio de Villa Tunari, en la provincia Chapare del departamento de Cochabamba.
Los asesinatos ocurrieron en el contexto de los 24 días de bloqueo que paralizó el transporte en varios puntos de Cochabamba, entre ellos Parotani, donde se registraron numerosas agresiones a policías y periodistas por parte de grupos afines al expresidente Morales, quien enfrenta una serie de denuncias por trata y abuso sexual de menores de edad. (Cochabamba, EL DIARIO)