El Instituto Nacional de Estadística (INE) denunció que su personal desplegado para la Encuesta de Hogares sufrió hechos de amedrentamiento, retención y amenazas por parte de pobladores del municipio de Villa Tunari, en Cochabamba.
La denuncia fue comunicada por el director general del INE, Humberto Arandia, quien condenó estas acciones de violencia a sus trabajadores y anunció que se tomarán acciones legales para protegerlos.
La autoridad explicó que el pasado miércoles, tres técnicos y un chofer desplegados en Villa Tunari fueron retenidos, requisados y amedrentados en esta zona, siendo impedidos de cumplir sus labores. Según Arandia, los chapareños exigieron al par de funcionarios presentar una autorización para circular en sus dominios.
“Personas de ese lugar exigieron a nuestros técnicos una autorización expresa de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba para entrar a la región, pero además requisaron sus pertenencias, les impidieron hablar por teléfono, intentaron sacar el combustible del vehículo que los había llevado y los amenazaron para que no volvieran al lugar”, expresó el titular del instituto estadístico estatal.
ACCIONES LEGALES
Aunque los comunarios exigieron saber los nombres de los funcionarios a través del amedrentamiento, fueron liberados luego de unos minutos. En tal sentido, habiendo condenado estas acciones por ser abusivas y contrarias a la ley institucional, el INE anunció que efectuará acciones legales para proteger la seguridad de sus técnicos.
“Como INE vamos a tomar todas las acciones legales pertinentes para garantizar la seguridad y el trabajo de nuestro personal, que es un mandato constitucional. (…) Debemos recordar claramente que en este país existe derecho al trabajo y a la libre circulación sin condicionamiento alguno”, anunció Arandia.
AUSENCIA POLICIAL
Estas acciones ocurren en medio de la ausencia policial en territorio del Chapare, de donde la totalidad de efectivos policiales fue replegada hacia la ciudad de Cochabamba durante los últimos días del bloqueo de caminos instalado por el séquito del expresidente Evo Morales.
Esta facción radical del Movimiento al Socialismo (MAS), denominada políticamente como “evismo”, paralizó las principales vías del departamento central del Estado durante 23 días, en apoyo a una nueva candidatura de Morales y exigiendo el cese de los procesos penales que enfrenta por presunto estupro y trata de menores de edad. El Gobierno aseguró que esta medida de presión agravó la crisis económica. (EL DIARIO y agencias)