La Constitución Política del Estado establece un marco robusto para la lucha contra la corrupción, promoviendo la ética y la obligación de denunciar tales actos en sus artículos 8 y 108.8, también, el artículo 123 consagra la imprescriptibilidad de estos delitos.
La Ley N° 004, conocida como Marcelo Quiroga Santa Cruz, refuerza este compromiso con sanciones concretas para el soborno (que significa corromper a alguien con dádivas para conseguir de él algo; Dicc. de la Real Academia Española), incluyendo penas de hasta ocho años de prisión para los funcionarios implicados, y castigos más severos cuando se comprometen los recursos públicos destinados a programas sociales. Sin embargo, la aplicación de estas leyes ha sido deficiente, en gran medida debido a las falencias estructurales de las instituciones encargadas de su implementación.
Bolivia ha ratificado convenios internacionales significativos que obligan al país a reforzar sus esfuerzos contra la corrupción. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Cnucc), ratificada en 2005, y la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), firmada en 1997, establecen directrices claras para la prevención y sanción del soborno. Estos tratados no solo exigen la tipificación del soborno como delito, sino que también demandan la creación de mecanismos preventivos, como la protección de denunciantes y la cooperación internacional en la lucha contra este flagelo.
No obstante, la alineación de estos compromisos internacionales con la realidad boliviana sigue siendo un reto. La interferencia política y la politización de cargos clave en el sistema judicial socavan la independencia de estas instituciones, debilitando su capacidad para investigar y sancionar adecuadamente los casos de soborno. Esta situación perpetúa un ciclo de impunidad, desincentiva las denuncias y erosiona la confianza pública en las instituciones. Las limitaciones en la capacidad de las instituciones de control, junto con la falta de recursos adecuados, tanto humanos como tecnológicos, han sido obstáculos persistentes para una implementación eficaz de las leyes anticorrupción.
La politización de los nombramientos en posiciones críticas dentro del sistema judicial compromete, además, la independencia de estas entidades, lo que reduce su efectividad en la lucha contra el soborno. Para enfrentar de manera efectiva este flagelo, es imperativo implementar reformas estructurales.
Una revisión de la Ley N° 004 es necesaria para endurecer las penas en los casos de corrupción que involucren sumas significativas de dinero o que afecten gravemente el bienestar social. La idea de establecer una “muerte civil” para los corruptos, es decir, inhabilitarlos de forma permanente para ocupar cargos públicos, podría ser una medida disuasoria efectiva. También es necesario mejorar la protección a los denunciantes para fomentar una cultura de transparencia.
La digitalización de los trámites públicos se presenta como otra estrategia viable para reducir las oportunidades de soborno. La automatización de procesos y la implementación de sistemas de control interno más sofisticados pueden dificultar la realización de prácticas corruptas. Además, la rotación periódica de funcionarios en áreas sensibles, como licitaciones y supervisión de proyectos, disminuiría el riesgo de que se vean involucrados en actividades ilícitas.
La participación ciudadana es fundamental en la lucha contra el soborno, la creación de plataformas digitales que permitan denuncias anónimas y el acceso público a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios fortalecería el control social. Las auditorías ciudadanas periódicas también pueden constituir una herramienta eficaz para identificar y corregir prácticas corruptas dentro de la administración pública, promoviendo así una cultura de rendición de cuentas. Erradicar el soborno es un imperativo, tanto legal como ético. Aunque existe un marco normativo sólido, su implementación efectiva y el fortalecimiento de las instituciones responsables de su aplicación son esenciales para restaurar la confianza ciudadana. La lucha contra el soborno no solo requiere leyes más severas, sino también un compromiso firme por parte de los servidores públicos, la sociedad civil y la comunidad internacional. El futuro de la democracia boliviana y el bienestar de sus ciudadanos dependen de la capacidad del país para enfrentar con éxito este desafío.
El autor es politólogo-abogado y docente universitario.
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