El desarrollo del marco normativo electoral en Bolivia refleja la evolución democrática del país, especialmente en respuesta a la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en 2009, que marcó un cambio significativo hacia un Estado Plurinacional, intercultural y con principios de inclusión y equidad. Bajo este contexto, la Ley del Código Electoral, que rigió durante décadas desde su promulgación en 1999, quedó abrogada para dar paso a un sistema legal que respondiera a los nuevos desafíos y valores establecidos en la Constitución.
El Código Electoral establecía principios fundamentales como la soberanía popular, la igualdad, la participación ciudadana y la transparencia, que definieron el funcionamiento de los procesos electorales en un marco de autonomía e imparcialidad. Sin embargo, este instrumento, aunque eficaz en su tiempo, estaba limitado al enfoque tradicional de una democracia representativa, sin incorporar la rica diversidad cultural y la necesidad de mecanismos participativos y comunitarios que reflejaran la pluralidad de Bolivia.
Con la aprobación de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (Ley N° 018) en 2010 y la Ley del Régimen Electoral (Ley N° 026) del mismo año, el país avanzó hacia un marco normativo más amplio e inclusivo. Estas leyes no solo consolidaron principios básicos como la imparcialidad, la legalidad y la transparencia, sino que añadieron elementos esenciales como la plurinacionalidad, la interculturalidad, la complementariedad y la equidad de género. Estas innovaciones fortalecieron la democracia boliviana, integrando a los pueblos indígenas y comunidades interculturales como actores fundamentales en la vida política del país.
El principio de soberanía popular, previamente limitado a la expresión del voto en procesos representativos, se amplió para incluir formas directas y comunitarias de participación, como referendos y consultas. La igualdad, presente en el Código Electoral, se profundizó con un enfoque de equivalencia de género, promoviendo la paridad en la representación política. Asimismo, la transparencia y la publicidad, ya previstas en la normativa anterior, fueron fortalecidas mediante mecanismos que garantizan el acceso público a la información y la supervisión social de los procesos electorales.
La incorporación de principios como la plurinacionalidad e interculturalidad responde directamente al reconocimiento de Bolivia como un Estado compuesto por diversas naciones y pueblos indígenas, lo que permitió un modelo electoral más inclusivo y representativo. Además, la complementariedad entre las formas de democracia directa, representativa y comunitaria introdujo una perspectiva innovadora que articula diferentes maneras de ejercer la soberanía popular.
En síntesis, la transición del Código Electoral hacia las Leyes N° 018 y N° 026 representa un avance significativo en el sistema democrático de Bolivia. Este cambio no solo responde a los postulados establecidos en la Constitución Política del Estado de 2009, sino que refleja un compromiso con la justicia social, la diversidad cultural y la participación equitativa de todos los sectores de la sociedad. El marco normativo actual busca garantizar una administración electoral más justa, transparente y acorde con la realidad plurinacional del país.
No obstante, es importante reconocer que, aunque estos principios son sólidos en teoría, su aplicabilidad enfrenta deficiencias significativas. En la práctica, los operadores del sistema electoral, tanto internos como externos, están a menudo influenciados por intereses políticos o condicionados por la coyuntura política nacional. A pesar de los esfuerzos por garantizar imparcialidad, las tensiones y conflictos políticos del país dificultan el pleno cumplimiento de estos ideales, algo que también se refleja en el sistema judicial, afectando su independencia y credibilidad.
Otro desafío pendiente es el desarrollo y la efectiva implementación de la democracia intercultural, así como de otras formas de democracia incluidas en la normativa. Aunque se han realizado avances, estas modalidades aún no se han consolidado ni han demostrado su plena eficacia. Sin embargo, la promoción y el fortalecimiento de estas formas de democracia constituyen una tarea fundamental para oxigenar el sistema electoral, haciéndolo más representativo y legítimo, además de adaptarlo a las particularidades culturales y sociales del país.
El autor es Docente de Pregrado UPEA, Profesional de Turismo y Relaciones Internacionales.
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