En el corazón de toda sociedad democrática late un derecho fundamental: el acceso a la información pública. Este derecho no solo representa la capacidad de los ciudadanos para conocer las acciones de sus gobernantes, sino que constituye la piedra angular sobre la cual se construye la participación ciudadana efectiva y la protección de los derechos humanos.
El reconocimiento internacional del derecho a la información encuentra su máxima expresión en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagra la libertad de opinión y expresión. Este principio fundamental se ve reforzado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece el acceso a la información como un elemento esencial para la participación democrática.
En Latinoamérica, este derecho ha sido incorporado progresivamente en los marcos constitucionales nacionales. Bolivia, por ejemplo, ha plasmado en su Constitución Política del Estado (Artículo 21.6) esta garantía fundamental, reconociendo su papel básico en el fortalecimiento de la democracia participativa.
La opacidad en la gestión pública no es solo un obstáculo para la democracia; es el caldo de cultivo perfecto para la corrupción. Cuando se restringe el acceso a la información, se cercena la capacidad de la ciudadanía para ejercer su rol fiscalizador, permitiendo que la corrupción florezca en las sombras de la desinformación.
Las Naciones Unidas, a través de su relator especial sobre libertad de expresión, ha enfatizado que la transparencia informativa es una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción. La falta de acceso a la información afecta especialmente a los sectores más vulnerables, profundizando las brechas sociales y obstaculizando el acceso a derechos básicos como salud, educación y trabajo digno.
El compromiso internacional con la transparencia se refleja en diversos instrumentos jurídicos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece claramente el derecho a buscar, recibir y difundir información. Sin embargo, la brecha entre la legislación y su implementación efectiva sigue siendo un desafío considerable.
En el ámbito nacional, se ha desarrollado marcos legales específicos, como la Ley Nº 164 de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación. No obstante, la mera existencia de estas normas no garantiza su cumplimiento efectivo, evidenciando la necesidad de mecanismos más robustos de implementación y supervisión.
La restricción al acceso a la información genera un círculo vicioso de desconfianza. Estudios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) demuestran que la falta de transparencia erosiona la credibilidad en las instituciones públicas, debilitando los fundamentos de la legitimidad democrática. Esta desconfianza se traduce en apatía política y desencanto ciudadano, amenazando la vitalidad del sistema democrático.
La jurisprudencia internacional, particularmente el histórico fallo “Claude Reyes y otros vs. Chile” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido precedentes que vinculan directamente el acceso a la información con la protección de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión.
El acceso a la información pública trasciende la simple transparencia administrativa; es un derecho fundamental que sustenta el ejercicio pleno de la ciudadanía democrática. La lucha por su implementación efectiva requiere un compromiso sostenido tanto de los gobiernos como de la sociedad civil.
Solo mediante la garantía real para el acceso a la información podremos construir sociedades verdaderamente democráticas, donde la transparencia actúe como salvaguarda contra la corrupción y como catalizador de la participación ciudadana. Este es el camino hacia sociedades más justas, equitativas y democráticas, donde los derechos humanos no sean solo aspiraciones, sino realidades tangibles para todos los ciudadanos.
El autor es politólogo-abogado y docente universitario.
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